A la cárcel alias 'La Madrina' tras seis meses de investigación por proxenetismo

La tranquilidad del barrio Santander, en la capital del Quindío, se vio interrumpida en las últimas horas por un despliegue operativo. En la intersección de la calle 37 con carrera 19, unidades de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, en un trabajo articulado con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, hicieron efectiva la captura de una mujer conocida como alias ‘La Madrina’.

La detención de esta mujer, de 31 años de edad, fue el resultado de un proceso investigativo que se extendió por más de seis meses. Durante este tiempo, agentes de inteligencia y policía judicial rastrearon una red de explotación que operaba en el departamento.

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La captura

La captura se produjo cuando la mujer salía de su lugar de residencia, momento en el que fue interceptada por los uniformados que tenían rodeado el sector en cumplimiento de una orden judicial emitida el pasado 8 de mayo de 2026 por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Armenia.

El coronel Carlos Mario Bustamante Bermúdez, comandante de la Policía Nacional en el Quindío, se refirió a los hechos: “La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía y nuestro Ejército logran la captura de una mujer, alias ‘La Madrina’. Después de un trabajo minucioso, un proceso investigativo de más de seis meses, se logra la captura de esta persona”.

Durante el procedimiento, las autoridades realizaron una diligencia de registro y allanamiento al inmueble donde residía, donde incautaron un computador portátil, un teléfono celular de alta gama y dos tarjetas de memoria SD. Estos elementos están siendo analizados por expertos en informática forense para determinar el alcance de la red y si existen más personas involucradas.

El “modus operandi”

La investigación reveló que alias ‘La Madrina’ buscaba a menores de edad en situación de vulnerabilidad y las convencía mediante manipulación y la promesa de dinero, ropa y regalos.

Una vez establecida la relación con las víctimas, las utilizaba para prestar servicios sexuales a hombres mayores de edad que pagaban por el acceso carnal a las menores. Hasta el momento, el proceso judicial reconoce a tres víctimas con edades entre los 10 y los 14 años.

“La Policía Nacional seguirá de manera contundente trabajando para dar con la captura de todos estos hombres y mujeres responsables de inducir a menores de edad en temas de violencia sexual y proxenetismo. Los menores de edad en el Quindío se deben respetar y se deben cuidar”, manifestó el coronel Bustamante.

Un concurso de delitos sin rebaja de penas

La Fiscalía 4 del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual le imputó cuatro delitos en concurso heterogéneo: proxenetismo con menor de edad agravado, demanda de explotación sexual  comercial de persona menor de 14 años agravada, uso de menores de edad en la comisión de delitos agravado y actos con menor de 14 años agravado.

Tras las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario.

Bajo la legislación colombiana vigente, los delitos cometidos contra la libertad e integridad sexual de menores de edad no gozan de beneficios como la rebaja de penas.

Compromiso institucional

El operativo contó con el apoyo de las unidades de inteligencia militar y el Batallón de Ingenieros número 8. El coronel Bustamante Bermúdez hizo un llamado a la comunidad: “Invitamos a todas las personas a que denuncien este tipo de hechos, este tipo de actividades con nuestros niños, niñas y adolescentes. No se puede permitir en el departamento del Quindío”.

La Policía Nacional tiene dispuestas sus líneas institucionales y los cuadrantes en cada barrio para recibir información que permita identificar otros casos de explotación sexual en la región. La mujer deberá enfrentar su proceso judicial privada de la libertad, mientras las tres menores identificadas han sido puestas bajo la protección de las autoridades competentes para iniciar sus procesos de restablecimiento de derechos.