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El programa Somos Defensores registró 401 agresiones y 59 asesinatos durante el primer semestre de 2026, con mayor riesgo para liderazgos que participan en política.

Colombia registró 401 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos durante el primer semestre de 2026, un aumento del 17 % frente al mismo periodo de 2025, según el informe semestral El juego de la vida, elaborado por el programa Somos Defensores.

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Entre enero y junio también fueron asesinadas 59 personas defensoras, una cifra que, de acuerdo con la organización, representa una disminución del 24 % en la población general frente al mismo periodo anterior. Sin embargo, la situación fue diferente para las mujeres defensoras y lideresas, quienes registraron un aumento en las agresiones.

El informe señala que el 40 % de las 401 agresiones se concentró en mayo y junio, meses en los que se desarrollaron la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, realizadas el 31 de mayo y el 21 de junio.

Mayor riesgo para quienes participan en política

Según Somos Defensores, el riesgo para los liderazgos sociales que participan en política se ha agravado durante los años electorales. El informe compara los primeros semestres de 2018, 2022 y 2026 y registra un incremento de las agresiones: 65 casos en 2018, 94 en 2022 y 102 en 2026.

El programa también relacionó el contexto electoral y deportivo con la visibilidad que tuvo la violencia contra estos liderazgos. Durante los partidos disputados por la selección Colombia en la fase de grupos del Mundial de 2026, cinco liderazgos fueron asesinados y otros tres fueron víctimas de atentados, según el informe.

La organización advierte que durante esos meses la atención pública estuvo concentrada, entre otros asuntos, en las campañas electorales y el fútbol, mientras continuaban las agresiones contra quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos.

Aumentan las agresiones contra lideresas

Durante los primeros seis meses de 2026 se registraron 108 agresiones contra defensoras y lideresas, un aumento del 30 % frente al mismo periodo de 2025. En cuanto a asesinatos, el informe señala un incremento para las mujeres defensoras, pese a la reducción registrada en la población general.

Los departamentos con más asesinatos de defensoras fueron Antioquia, con cuatro casos, seguido de Cauca y Valle del Cauca, con dos cada uno.

El comportamiento también fue preocupante en las modalidades de violencia. Seis de las 11 categorías monitoreadas por Somos Defensores presentaron incrementos. Las amenazas aumentaron 38 %, los atentados 68 %, la tortura 400 % y los secuestros 60 %. Además, durante el primer semestre se documentaron dos casos de detenciones arbitrarias y dos de violencia sexual.

Cauca, Antioquia y Norte de Santander concentran agresiones

En cuanto a la distribución territorial, Cauca continuó como el departamento con mayor violencia selectiva, con un incremento del 19 %.

Le siguió Antioquia, donde las agresiones aumentaron 76 %. El informe señala que más de una tercera parte de estos hechos se concentró en Medellín y estuvo dirigida contra liderazgos con participación activa en política electoral.

En Norte de Santander, las agresiones aumentaron 28 % durante el periodo analizado.

El liderazgo indígena concentró el 28 % de las agresiones, seguido por los liderazgos comunitarios, con 25 %, y los comunales, con 15,5 %.

El programa también llamó la atención sobre la situación de las Juntas de Acción Comunal y los riesgos que enfrentan sus integrantes en diferentes regiones del país.

Somos Defensores identifica riesgos para los liderazgos

El informe analiza los riesgos que, según la organización, enfrentan las personas defensoras de derechos humanos durante el actual Gobierno, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el pasado 7 de agosto.

Entre los factores señalados por Somos Defensores están el cierre del espacio cívico, la estigmatización de territorios y comunidades, los cambios en la política de paz y seguridad, la agenda extractiva, posibles retrocesos en los derechos de pueblos étnicos y campesinos y eventuales cambios en las garantías para quienes defienden los derechos humanos.

El informe presenta estas consideraciones como parte del análisis de la organización sobre el escenario actual y los riesgos para los liderazgos sociales en Colombia.