Congreso radica proyecto de 'Ley Anticapuchos' contra el vandalismo

Una bancada multipartidista radicó el 1 de septiembre en la Cámara de Representantes el proyecto de ley conocido como “Ley Anticapuchos”, una iniciativa que busca crear un tipo penal específico para sancionar el ocultamiento de la identidad cuando este sea utilizado para cometer actos vandálicos durante protestas, movilizaciones o concentraciones públicas en Colombia.

La propuesta fue impulsada por los representantes Jaime Arizabaleta y Daniel Briceño, del Centro Democrático; Julio César Triana, de Cambio Radical, y Guillermo Alvira, del Partido Conservador, quienes afirman contar con el respaldo de congresistas de distintas regiones y bancadas.

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Qué propone el proyecto

La iniciativa modifica el Código Penal (Ley 599 de 2000) en dos frentes. Por un lado, crea un nuevo delito para quien oculta su identidad con el fin de cometer actos vandálicos en el marco de una manifestación, con penas de 54 a 96 meses de prisión, entre cuatro años y medio y ocho años, y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por otro lado, aumenta la pena por el delito de obstrucción de vías públicas, llevándola al mismo rango, con el propósito de que deje de ser un delito excarcelable.

El texto contempla, además, agravantes cuando se usan artefactos o elementos peligrosos de fabricación artesanal, explosivos o sustancias corrosivas, así como cuando la conducta se dirige contra establecimientos educativos, instituciones de salud, instalaciones de organismos de socorro, bienes de interés cultural o infraestructura de servicios públicos esenciales.

El proyecto incluye un artículo de protección al derecho a la protesta pacífica, en el que se aclara que la norma no podrá interpretarse ni aplicarse para restringir, limitar o criminalizar el ejercicio de ese derecho fundamental, y excluye expresamente las movilizaciones autorizadas por la autoridad competente.

Los argumentos de los promotores

El representante Julio César Triana explicó que la propuesta no sanciona el uso de la capucha en sí mismo, sino que agrava la conducta cuando el ocultamiento de identidad acompaña hechos vandálicos o violentos. Triana señaló: “No podemos seguir permitiendo que comerciantes, pequeños empresarios y la infraestructura de nuestras regiones paguen el costo del vandalismo impune. La capucha se convirtió en la herramienta perfecta para destruir el patrimonio de las ciudades sin asumir ninguna consecuencia”.

El congresista sostuvo también que el artículo 37 de la Constitución protege el derecho a la protesta, pero permite que la ley establezca de forma expresa los casos en que puede ser limitado, y afirmó que la iniciativa no busca “criminalizar la protesta” ni “limitarla o desaparecerla en Colombia”.

Por su parte, el representante Jaime Arizabaleta vinculó la propuesta con los bloqueos de vías registrados en ciudades como Cali desde el paro nacional de 2021. Arizabaleta indicó: “Bloquear vías en Colombia siempre ha sido prohibido, pero ha tenido una pena muy pequeña. Entonces, es excarcelable. No hay una sola persona en este país que esté en la cárcel por bloqueo de vías“. El congresista defendió que la iniciativa busca “fortalecer el derecho a la protesta” y dar “herramientas a la fuerza pública para garantizar la protesta pacífica”.

Contexto político

La radicación del proyecto se enmarca en una agenda del Centro Democrático que también incluye una contrarreforma pensional y una propuesta para reducir el gasto público en consultas partidistas, según reportes de medios regionales. La discusión sobre la iniciativa se da, además, en momentos en que sectores del Gobierno han señalado a personas encapuchadas y a la denominada “primera línea” en relación con hechos de violencia registrados recientemente en el departamento del Tolima, aunque este último punto no ha sido confirmado con el mismo nivel de detalle por distintas fuentes.

El proyecto deberá surtir el trámite legislativo correspondiente en el Congreso antes de convertirse en ley.