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La Procuraduría también sancionó con 15 años de inhabilidad al entonces subsecretario de Planeación y Obras Públicas por irregularidades en un contrato de más de $909 millones.

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general de 17 años y seis meses al exalcalde de Balboa, Risaralda, Huberto Vásquez Vásquez, quien ocupó el cargo entre 2020 y 2023, por su participación indebida en la celebración de un contrato que, según el organismo de control, favoreció a un consorcio vinculado al denominado “cartel de las marionetas”.

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La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Pereira, que estableció que el entonces mandatario intervino de manera irregular en la celebración de un contrato de obra por más de $909 millones destinado a la construcción de una cancha recreodeportiva sintética.

El proyecto fue financiado en el marco de un convenio con el Ministerio del Deporte y, de acuerdo con la Procuraduría, tuvo como finalidad favorecer al Consorcio Cancha Sintética ICOTOP, vinculado a la red de corrupción del exsenador Mario Castaño, fallecido en 2023.

También fue sancionado un funcionario municipal

Además de Vásquez Vásquez, la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad general por 15 años a Ángel Yesid Montoya Ramírez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como subsecretario de Despacho de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio.

Según el Ministerio Público, Montoya Ramírez facilitó al contratista información que le permitió incidir en la elaboración de los pliegos de condiciones.

Posteriormente, de acuerdo con la decisión disciplinaria, el funcionario elaboró los estudios previos, integró el comité evaluador que calificó con el máximo puntaje la única propuesta presentada y finalmente ejerció la supervisión del contrato.

Procuraduría calificó las conductas como gravísimas

El Ministerio Público señaló que las actuaciones de los dos funcionarios quebrantaron los principios de moralidad, transparencia y selección objetiva que deben regir la contratación estatal.

Por estos hechos, la Procuraduría calificó de manera definitiva las conductas de ambos disciplinados como faltas disciplinarias gravísimas cometidas a título de dolo.

La sanción se produce dentro de las actuaciones disciplinarias relacionadas con las presuntas irregularidades en la contratación pública que vincularon a funcionarios y contratistas con la estructura de corrupción conocida como el “cartel de las marionetas”.