Habrían 'chuzado' a Miguel Uribe y otros opositores: piden investigar a la DNI

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) quedó en el centro de un nuevo escándalo político, luego de que la revista Semana publicara este sábado 3 de octubre los hallazgos de una auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo De la Espriella. Según el medio, el informe apunta a presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, y sus resultados serían remitidos a la Fiscalía.

El caso cobró fuerza porque el exfiscal general Francisco Barbosa anunció que acudirá ante la Fiscalía para presentar una denuncia penal. Pedirá que se indague quiénes habrían ordenado, ejecutado, encubierto o recibido información obtenida mediante escuchas, seguimientos y consultas selectivas en bases de datos, sin importar su jerarquía.

Barbosa también solicitará a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y a la DNI que le entreguen las órdenes de trabajo y registros que existan sobre él, y pedirá que se garantice la preservación de las pruebas. Si las responsabilidades alcanzan a personas con fuero constitucional, acudirá también ante las instancias competentes.

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El exfuncionario sostuvo que ninguna entidad administrativa o de inteligencia puede interceptar comunicaciones sin orden judicial, y citó el artículo 15 de la Constitución y la Ley 1621 de 2013, que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia.

Lo que reveló Semana sobre la DNI y la Uiaf

Según Semana, la DNI no habría actuado de forma aislada, sino dentro de un engranaje que incluiría a la Uiaf, a la Dian y a algunos oficiales de la Policía y el Ejército cercanos al gobierno Petro. Esa versión no ha sido confirmada por las entidades mencionadas.

El medio cita a una fuente de la Uiaf que no fue identificada, quien afirmó que, a partir de órdenes de trabajo de esa unidad, se habrían hecho escuchas, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos contra Barbosa cuando era fiscal general. La misma fuente aseguró que la entonces vicefiscal Martha Mancera también habría sido objeto de estas actividades.

La Uiaf está adscrita al Ministerio de Hacienda, pero opera bajo la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. De acuerdo con el relato publicado, sus órdenes de trabajo no tendrían control de legalidad ante un juez, condición que habría permitido las presuntas interceptaciones.

La publicación menciona, además, como presuntos objetivos a la exprocuradora Margarita Cabello, el excontralor Carlos Felipe Córdoba, los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe, los generales (r) Eduardo Zapateiro, Luis Fernando Navarro y Jorge Luis Vargas, las congresistas María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, y la periodista Vicky Dávila. Medios como La FM añaden a Miguel Uribe Turbay, en referencia a la misma investigación.

Otros hallazgos de la auditoría

La auditoría, según Semana y Infobae, también habría detectado fallas operativas, riesgos de filtración de información sensible, accesos no autorizados y debilidades en los protocolos de seguridad digital de la DNI. El análisis concluye que la gestión tecnológica de la entidad requiere una transformación estructural.

El informe incluiría cuestionamientos al uso de gastos reservados, entre ellos la compra de un sistema biométrico llamado ABIS que, según la denuncia, nunca funcionó, y la adquisición de un dron por 9.000 millones de pesos que se habría accidentado en la zona del Catatumbo. Semana también reportó un presunto esquema de falsas amenazas para facilitar la asignación de esquemas de seguridad y luego obtener información de ciertas personas.

Para las autoridades, la auditoría dejaría a disposición cerca de 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo y cinco teléfonos celulares y tabletas, elementos que servirían para establecer el alcance de las presuntas irregularidades.

La postura de Barbosa y lo que falta por aclarar

Barbosa afirmó que, de confirmarse los hechos, se trataría de un ataque contra la independencia judicial. Según el exfiscal, las presuntas acciones buscaban “intimidar y neutralizar a la justicia” mientras la Fiscalía investigaba a personas del entorno del entonces presidente. Recordó que durante su gestión el ente acusador abrió procesos relacionados con Nicolás Petro y Laura Sarabia, quienes también aparecen en la publicación.

Hasta el momento no se han precisado cuándo se habrían emitido las órdenes relacionadas con Barbosa, qué dependencia de la Uiaf las habría autorizado, qué bases de datos se consultaron ni si existió orden judicial. Tampoco se han divulgado documentos que respalden los señalamientos, ni se conocen respuestas de la Uiaf o de funcionarios del gobierno Petro en las fuentes consultadas.

El señalamiento no es nuevo. En junio de 2024, magistrados de la Corte Constitucional denunciaron presuntas interceptaciones; la Fiscalía abrió investigación y la Presidencia anunció una indagación interna, mientras el entonces presidente Petro negó que su gobierno interceptara a magistrados, opositores o periodistas. Durante la campaña presidencial de 2026, De la Espriella también pidió que se investigaran supuestas interceptaciones a su campaña, y la Procuraduría y la Comisión de Acusación adelantaron actuaciones relacionadas con la DNI.