Imputan a exjuez penal militar por presunto cobro de $40 millones a capitán

La Fiscalía General de la Nación imputó al exjuez penal militar Javier Ardila Arias por el delito de concusión, luego de que presuntamente exigiera $40 millones a un capitán del Ejército Nacional a cambio de favorecerlo en un proceso penal militar.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, los hechos habrían ocurrido en abril de 2025, cuando Ardila Arias tenía a su cargo las diligencias judiciales relacionadas con el oficial.

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Según la Fiscalía, el 7 de abril de 2025 el entonces juez se habría reunido con el capitán en una cantina de Florencia, Caquetá, donde presuntamente le solicitó $40 millones con el propósito de beneficiarlo dentro del proceso que estaba bajo su conocimiento.

Tres días después, el 10 de abril, ambos se habrían encontrado nuevamente y, de acuerdo con la investigación, Ardila Arias habría reiterado la solicitud de dinero.

Ante la presunta insistencia, el capitán decidió poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que inició las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se habría producido la exigencia.

El proceso contra los militares

La investigación en la que presuntamente se buscaba favorecer al capitán tuvo su origen en una operación del Ejército Nacional realizada el 11 de marzo de 2025, en una zona rural de San José del Fragua, Caquetá.

Durante sobrevuelos con drones, las autoridades observaron a varios hombres que portaban prendas camufladas y fusiles. Posteriormente, se estableció que se trataba de militares que, según la investigación, habrían reportado coordenadas diferentes al lugar en el que realmente se encontraban.

Por estos hechos, un capitán y dos suboficiales fueron procesados por los delitos de desobediencia y falsedad en documento público.

Las diligencias estaban a cargo de Ardila Arias. En el desarrollo del proceso, el entonces juez penal militar no impuso medida de aseguramiento contra los tres uniformados.

La Fiscalía continúa con las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer la presunta conducta del exfuncionario. La imputación constituye una etapa del proceso y no implica, por sí sola, una declaración de responsabilidad penal.