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La candidata del Centro Democrático plantea una estrategia de control territorial, mano dura contra grupos armados y programas productivos para campesinos cocaleros si llega a la Presidencia.

La senadora y aspirante presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció que si llega a la Casa de Nariño pondrá fin a la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro y la reemplazará por un modelo que denomina “seguridad total”, centrado en el control territorial, el fortalecimiento de la fuerza pública y el sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales.

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Mano dura contra los grupos armados

En una entrevista con la agencia EFE, la congresista aseguró que su eventual Gobierno abandonaría los procesos de diálogo con organizaciones criminales y priorizaría una estrategia de confrontación directa para recuperar el monopolio de la fuerza por parte del Estado.

“Conmigo se acaba la ‘paz total’ y llega la ‘seguridad total’”, afirmó Valencia, quien criticó duramente la política de seguridad del actual Gobierno al considerar que ha permitido el fortalecimiento financiero y militar de los grupos ilegales.

La aspirante sostuvo además que durante su administración no habría beneficios ni concesiones para organizaciones armadas ilegales. “Los hampones tienen que ir a la cárcel; aquí no puede haber más ‘chocholeos’ con los criminales”, aseguró.

Las declaraciones se dan a pocos días de la consulta de la derecha denominada ‘La gran consulta por Colombia’, prevista para el 8 de marzo, en la que Valencia competirá con otros ocho aspirantes para definir quién representará a ese sector político en la carrera presidencial.

Diagnóstico sobre narcotráfico y seguridad

Valencia sustentó su propuesta de gobierno en lo que considera un deterioro de la seguridad en el país y en el aumento del narcotráfico en las últimas décadas.

Según afirmó en la entrevista con EFE, Colombia habría pasado de producir cerca de 200 toneladas de cocaína en la época del narcotraficante Pablo Escobar a alrededor de 3.700 toneladas en la actualidad, lo que a su juicio demuestra el fortalecimiento de las economías ilegales.

“Hoy los grupos ilegales tienen más dinero que el propio Estado”, advirtió la senadora, quien planteó que este escenario exige una respuesta contundente por parte del Gobierno.

Dentro de su plan, propone una modernización de la fuerza pública con el uso de tecnología, drones y helicópteros, así como un despliegue mayor de tropas para recuperar zonas rurales donde, según ella, el control estatal se ha debilitado.

Propuesta social para campesinos cocaleros

A pesar de su enfoque de mano dura, la candidata también planteó una estrategia social dirigida a los campesinos que dependen de los cultivos ilícitos.

Su propuesta consiste en ofrecer una “remuneración laboral” para que los productores de coca se integren a proyectos productivos legales y se conviertan en trabajadores vinculados a la economía formal.

Entre las alternativas mencionadas por la senadora se encuentran iniciativas agroindustriales como fábricas de aceite de aguacate o producción de ron, con el objetivo de ofrecer ingresos estables a las comunidades rurales.

“Necesitamos que el campesino deje de ser un esclavo de las estructuras ilegales para convertirse en un trabajador digno del Estado”, explicó.

Críticas a programas sociales del Gobierno

Valencia también marcó distancia frente a programas del actual Gobierno como ‘Jóvenes en paz’, iniciativa que otorga apoyos económicos a jóvenes en riesgo de caer en la criminalidad a cambio de procesos de formación y trabajo comunitario.

Mientras el Ejecutivo defiende que el programa busca prevenir la vinculación de jóvenes a estructuras delictivas, la aspirante del Centro Democrático sostiene que ese enfoque envía un mensaje equivocado.

Según explicó, los recursos del Estado deberían destinarse a premiar la legalidad y el trabajo formal, en lugar de enfocarse en la vulnerabilidad frente al delito.

Con estas propuestas, la senadora busca consolidar el respaldo del electorado de derecha y asegurar su paso a la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo.