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La región buscará recursos para adaptarse al cambio climático y avanzar hacia energías limpias, mientras enfrenta su dependencia de los combustibles fósiles y el avance de la deforestación.

La financiación para adaptarse al cambio climático, la transición energética y la protección de los bosques amazónicos marcarán las prioridades de Latinoamérica en la COP31, que se celebrará en Antalya (Turquía). La región llega a la cumbre con avances ambientales, pero también con una fuerte dependencia económica de los combustibles fósiles.

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La cumbre climática de Belém (Brasil), celebrada en noviembre de 2025, concluyó con un acuerdo para movilizar 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo hasta 2035, dentro de una meta más amplia de 1,3 billones de dólares. Durante ese encuentro, el país anfitrión también impulsó el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), con el objetivo de captar 125.000 millones de dólares para conservar las selvas tropicales.

Adaptación climática y financiación

La financiación para afrontar los efectos del cambio climático es una de las principales prioridades de la región. Centroamérica y el Caribe, especialmente expuestos a sequías, inundaciones y huracanes, necesitan más recursos para reforzar sus infraestructuras y proteger a las comunidades vulnerables.

Guatemala contó este año con dos millones de dólares para su fondo nacional de cambio climático y mantiene incentivos forestales que, según el Gobierno, han permitido recuperar más de 20.000 hectáreas de bosques. Honduras, uno de los países más vulnerables de la región, reclama mayores recursos. La prolongada sequía registrada este año, asociada al fenómeno de El Niño, llevó a declarar la alerta roja en gran parte de sus municipios.

República Dominicana impulsa una plataforma nacional de financiación climática y cuenta con préstamos internacionales superiores a 600 millones de dólares para proyectos de acción climática, saneamiento y resiliencia de infraestructuras. A ello se suman inversiones de más de 250 millones de dólares destinadas a restaurar ecosistemas.

Perú buscará ampliar la cooperación y el acceso a recursos para afrontar fenómenos como El Niño, las lluvias intensas y las sequías. El país también realizó la primera transferencia latinoamericana de resultados de mitigación a Suiza, en el marco del Acuerdo de París.

Transición energética: avances y dependencia de los combustibles fósiles

La transformación de las matrices energéticas latinoamericanas sigue marcada por una contradicción: varios países buscan reducir sus emisiones mientras mantienen una fuerte dependencia económica del petróleo y el gas.

Brasil combina una matriz energética en la que el 88,2 % procede de fuentes hidroeléctricas, eólicas y solares con la expansión de su producción petrolera. El Gobierno también busca cuadruplicar la producción de biocombustibles hasta 2035.

En México, el Ejecutivo pretende elevar del 23,4 % registrado en 2024 al 38 % en 2030 la participación de las energías limpias en la generación eléctrica. Sin embargo, también apuesta por fortalecer la petrolera estatal Pemex, ampliar la refinación y mantener el gas natural como fuente estratégica.

Argentina combina el desarrollo de Vaca Muerta, una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales, con el avance de las energías renovables, que ya representan alrededor de una cuarta parte de su generación eléctrica. También impulsa proyectos relacionados con el litio y el cobre.

Guyana, convertida en un importante productor de petróleo, aspira a que el 80 % de su red eléctrica proceda de fuentes renovables en 2040, mientras desarrolla un proyecto para utilizar gas natural en la generación de electricidad.

Venezuela, cuya economía depende de la renta petrolera, mantiene una matriz energética vinculada a los combustibles fósiles y afronta dificultades para diversificar su economía y desarrollar políticas ambientales, según advierte el ecólogo Carlos Peláez.

Ecuador se ha comprometido a mantener una participación renovable superior al 80 % en su matriz eléctrica, dominada por la hidroelectricidad. Sin embargo, los apagones provocados por las sequías en 2024 evidenciaron la necesidad de diversificar las fuentes de generación. Bolivia, por su parte, busca combinar el desarrollo económico con la conservación de sus recursos naturales.

En contraste, Chile y Uruguay destacan por sus avances en energías limpias. Chile obtiene cerca del 65 % de su electricidad de fuentes limpias y llevará a la COP31 «una agenda centrada en pasar de los compromisos a la implementación de la acción climática», dijo a EFE Hernán López, jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente.

Uruguay, por su parte, alcanzó en 2025 el 98 % de generación eléctrica renovable. Su próximo desafío es extender la descarbonización al transporte, la industria y otros sectores productivos.

La Amazonía, en el centro de la agenda ambiental

La protección de los bosques, especialmente de la Amazonía, es otro de los grandes asuntos para Latinoamérica, que concentra una parte fundamental de los ecosistemas tropicales del planeta.

La COP30 dejó sobre la mesa una hoja de ruta impulsada por Brasil para detener y revertir la deforestación. Sin embargo, su aplicación dependerá de la financiación disponible y de las medidas que adopten los países.

Brasil, que alberga la mayor extensión de la Amazonía, tiene un papel central en este desafío, al igual que Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Guyana. En Bolivia, el Gobierno ha anunciado una estrategia para convertir la Amazonía en un motor de desarrollo basado en la bioeconomía y el manejo sostenible de los bosques.

En Perú, organizaciones indígenas y ambientales advierten sobre los riesgos de flexibilizar las normas de protección de tierras forestales. En Ecuador, por su parte, se han perdido 1,5 millones de hectáreas de cobertura forestal amazónica en 41 años, en paralelo a la expansión de las actividades humanas.

Venezuela afronta un avance de la deforestación asociado a la expansión agrícola, la minería ilegal y los incendios. Guyana, en cambio, busca proteger el 30 % de sus ecosistemas terrestres y marinos para 2030 y destaca el valor de sus más de 18 millones de hectáreas de bosques como reservorio de carbono.