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Tres semanas después del sismo, miles de familias esperan respuesta técnica mientras la Personería denuncia lentitud en las inspecciones.

Catalina Dávila Duque estaba en su alcoba en el conjunto Palmas de Sorrento cuando la alarma sísmica sonó en su teléfono. “Yo no estaba como preparada para eso”, recuerda. Segundos después las paredes empezaron a agrietarse y ella corrió hacia la puerta. “Empezaron a gritarse las paredes, yo abrí la puerta y salí corriendo“, cuenta. Fue, dice, la experiencia más aterradora que ha vivido.

Luz María Rivera García sintió lo mismo mientras su esposo se afeitaba. Se refugiaron en una habitación con su perro durante lo que sintieron como 40 segundos interminables, también vieron las paredes agrietarse y salieron corriendo sin saber en qué momento bajaron las escaleras. Rivera, que también vivió el terremoto de 1999, no duda en comparar: “Para mí fue peor este terremoto que el del 99. Me pareció más este, más tiempo, y me pareció muy duro, muy duro, como interminable“.

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Esa tarde, Rivera subió al tercer piso a rescatar a una vecina que no había podido bajar. “El apartamento de ella estaba todo caído, qué pesar de la señora”, relata.

La primera noche fue, para ambas, la más difícil. Dávila no durmió en su propia alcoba, que había quedado afectada, sino en una habitación trasera del apartamento. “Esa noche fue bastante angustiante, la verdad. El viento lo pone a uno muy tenso, pasó una noche muy dura porque cualquier medio movimiento y uno ya está tenso”, cuenta. Rivera coincide: aunque regresó a su apartamento esa misma tarde a barrer y hacer el almuerzo, admite que el miedo no se fue con la limpieza. “Duerme uno mal. Y está uno pendiente”, dice.

Quedarse por obligación

Ninguna de las dos abandonó su vivienda, y ninguna lo describe como una elección libre. Dávila explica que la mayoría de los inquilinos del conjunto sí se fue, mientras que quienes permanecen son, en su mayoría, propietarios sin cómo costear un arriendo adicional mientras siguen pagando administración y servicios en el apartamento afectado. “No tenemos para dónde irnos, toca asumirlo y nos quedamos”, dice. Y más adelante, sobre lo que implica reparar su propio apartamento, tumbar tres paredes, es más directa: “No tengo con qué, o mi poder adquisitivo no está para irme del apartamento, mucho menos para arreglar todo lo que tengo que arreglar”.

Rivera describe una resignación parecida, aunque la enmarca en otros términos: sus mascotas, tiene un pastor alemán, no son recibidas en otros lugares, así que se quedó. Pero también reconoce que su situación es mejor que la de otros: “Hay personas que están en una carpa, nosotros pues gracias a Dios tenemos donde dormir. Entonces, y esas son las personas que hay prioridad”. Para ella, la clave ha sido no dejarse llevar por el pánico: “Hay que ser muy claro en todo, no tomar las cosas a la ligera. El día a día es lo que hay que solucionar. Que nos vamos a poner a estresarnos desde ahora, no”.

Habitable

Para las familias que sí han recibido una clasificación oficial, la palabra “habitable” no siempre significa tranquilidad. En el conjunto de Dávila y Rivera, la administración informó que los bloques 11 y 12 quedaron con la mampostería muy lesionada, sobre todo en las escaleras y se recomendó su evacuación, aunque sin ser obligatoria: “No es que se la tengan que deshabitar, no. Porque todos los bloques están habitables, pero se recomendó”. Días después, otra visita técnica precisó aún más el mapa de riesgos dentro del mismo conjunto: solo el bloque 13 quedó “realmente habitable, que no tiene restricción”; los demás, aunque autorizados a habitarse, exigen cuidado. “Mientras digan que se pueden habitar, no hay problema. Ahí es que tener pues precauciones, ¿no? A la subida de las escaleras, dentro de los inmuebles”, explica Dávila.

Durante las visitas de reportería, tanto Dávila como Rivera le señalaron a La Crónica, incluso frente a algunas de las paredes agrietadas mientras se grababa la entrevista, el contraste entre el papel y la realidad: tienen en mano un certificado que califica su vivienda como “habitable”, pero a diario conviven con advertencias verbales que no aparecen en ningún documento, no acercarse demasiado a ciertas paredes, subir las escaleras con cuidado, evitar quedarse cerca de las ventanas. El certificado dice una cosa; la costumbre diaria dentro del apartamento dice otra.

Lo que más desconcierta a las familias, sin embargo, no es solo esa distancia entre el papel y la rutina, sino la inconsistencia de los propios diagnósticos. Dávila diligenció un censo de la Alcaldía la misma semana del terremoto y, semanas después, le informaron que ese formulario “no tiene validez”, por lo que tuvo que completar otro, esta vez en un hospital, casi dos semanas después del sismo. “Me pareció un poquito extraño”, dice. Ese vaivén de conceptos coincide con lo que documentó la Personería Municipal: viviendas visitadas hasta cuatro veces por distintos ingenieros, con diagnósticos que no coinciden entre sí sobre un mismo inmueble.

La otra cara: cifras y advertencias institucionales

El panorama que describen estas dos vecinas coincide con las cifras que maneja la Alcaldía de Armenia. Según el reporte institucional, se han registrado 14.278 predios afectados, que la institución filtro a 10 mil de los cuales solo 2.100 han sido asignados para visita técnica a cierre de la semana pasada. De las viviendas ya evaluadas, 354 quedaron en riesgo rojo, 235 viviendas unifamiliares y 119 bloques o edificios, equivalentes a 2.401 unidades habitacionales y cerca de 6.427 personas afectadas, mientras 472 predios quedaron en semáforo naranja y 609 en verde.

La Personería Municipal, en su papel de Ministerio Público, advirtió que de las más de 14.000 solicitudes de inspección recibidas, apenas un poco más de 1.000 estructuras han sido revisadas. La entidad documentó además casos de viviendas visitadas hasta cuatro veces por distintos ingenieros, con v, y señaló que la mayoría de las familias en edificaciones no habitables dice no haber recibido ayudas de la Administración Municipal.

Tanto Dávila como Rivera coinciden en que el siguiente paso depende de las aseguradoras de sus conjuntos, que deben enviar un ingeniero estructural para diagnosticar las áreas comunes antes de que los propietarios puedan intervenir sus apartamentos. Mientras tanto, el Registro Único de Damnificados (RUD), que se unificó con el censo de la Alcaldía, permanecerá abierto hasta el 14 de septiembre para que las familias afectadas por el sismo del 10 de agosto puedan inscribirse.

“Hay que ser muy claro en todo, no tomar las cosas a la ligera”, resume Rivera. “El día a día es lo que hay que solucionar.”