Ciencia y Tecnologí­a / SEPTIEMBRE 04 DE 2022 / 3 meses antes

Desaparición forzada: el Estado, ¿otro victimario?

Autor : Diego Arias Serna

Desaparición forzada: el Estado, ¿otro victimario?

Aunque Colombia implementó en 2005 el Mecanismo de Búsqueda Urgente, permitiendo a las autoridades iniciar acciones de exploración para encontrar a una persona presuntamente víctima de la desaparición forzada, sin la necesidad de esperar 48 o 72 horas para denunciarla, parece que no ha dado sus frutos.

La humanidad está inmersa en varios ‘cánceres’ que laceran su existencia. La lista es larga y se citan algunos: conflictos armados, desigualdad social aberrante, cambio climático, pérdida de calidad de la educación -incluyendo la universitaria-, donde también hay corrupción, violencia intrafamiliar, corrupción de gobernantes y órganos de control (Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, etc.) en países como Colombia donde existen.

No se puede olvidar mencionar la putrefacción que hay en los ejércitos y policías, el narcotráfico, violación de los derechos humanos, y otro peor, como la desaparición forzada, tema a presentar en este artículo. Obvio que los ítems enunciados como lacras son más manifiestos en unos países que en otros, y algunas naciones casi que son exentos de ellos, en particular la corrupción y el narcotráfico, en los que, infortunadamente, Colombia se disputa los primeros puestos.

Dentro de los días conmemorativos decretados por la ONU, está el 30 de agosto, “Día Internacional de las víctimas de las desapariciones forzadas”; problema mundial que se manifestó durante las dictaduras militares de América Latinoamérica (AL), y que hoy sigue vigente en algunos países de este continente y de otras zonas del mundo. Además, se tienen totalitarismos disfrazadas de democracia.

En estos tiempos, el fenómeno puede darse como consecuencia de conflictos internos, conflictos armados y violencia social, por los gobiernos intolerantes y la migración. Latinoamérica engloba 6 de los 10 países con mayor cantidad de desapariciones forzadas, pero tal fenómeno está presente en todos los continentes.

El problema se torna más delicado cuando también ha ‘desaparecido’ la solidaridad y pareciera que no pasa nada.    

La desaparición forzada tiene que ver con el “arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes gubernamentales o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, según la

Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1992.

Por supuesto, que entre más presencia de grupos armados ilegales tenga un país, más desaparecidos habrá. Y como las leyes y normas abundan, tanto en entes internacionales como en gobiernos -las cuales son incumplidas o negadas por entidades gubernamentales- entonces, se tiene otra ‘desaparición’, en la aplicación de dichas reglas.

Por ejemplo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, así como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006, establecen que cuando se presenta un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil y se cometa una desaparición forzada, esta se calificará como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescribirá.

Además, se debe dar a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y a exigir la verdad sobre el motivo y paradero de sus seres queridos desaparecidos. Aunque este drama se vive desde hace varias décadas, este día internacional se conmemoró por primera vez en 2011. Como si fuera poco el dolor de los que “nunca volvieron”, es creciente el número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han ocultado.

Este flagelo, presente en América Latina

Veamos las cifras que ha ido dejando este flagelo, a ver si aumenta la solidaridad con los familiares y amigos que luchan contra este mal. Según el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, en esta parte del planeta, como dijo arriba, tiene 6 de los 10 países con mayor cantidad de desapariciones forzadas ocurridas entre 1980 y 2021. Argentina, Guatemala, Perú, El Salvador, Colombia y Chile entran junto con Irak, Sri Lanka, Argelia y Pakistán entre los países con mayor cantidad de desapariciones forzadas en los últimos 40 años.

El informe también revela que en esta parte del globo terráqueo parte de las desapariciones forzadas se dieron durante dictaduras militares, aunque en Perú y México los números fueron también relevantes en periodos democráticos. Las cifras por países indican cómo es la problemática en cada uno de ellos.

En Centroamérica la situación tiene que ver principalmente con dos problemas: la desaparición de migrantes por agentes migratorios, policías o militares dentro de México, y la desaparición de personas dentro de sus propios países. Por ejemplo, en Guatemala hay registrados 45,000 casos de desaparición forzada y 15,000 asesinatos políticamente motivados, durante el gobierno del coronel Enrique Peralta Azurdia.

En El Salvador, las desapariciones forzadas fueron una forma de borrar crímenes, de acuerdo con una investigación realizada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador. Los delitos, según señala la investigación, fueron perpetrados en su mayoría por los cuerpos de seguridad militar de la época. En la actualidad el problema en Centroamérica no ha desaparecido.

En México, según el informe, entre las solicitudes de acción urgente presentadas ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), 49 % provienen de Irak y 42 % de México. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, México no pasó en el siglo XX por una dictadura militar. Las desapariciones dentro del país, más de 85.000 de acuerdo con cifras oficiales, suelen ser adjudicadas al crimen organizado, por lo que es muy difícil determinar en qué momento se trata de desaparición forzada.

Uno de los casos que atrajo más atención internacional fue el de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. En noviembre de 2020 la Fiscalía General de la República Mexicana reclasificó el crimen de secuestro a desaparición forzada, lo cual abrió la puerta para juzgar a policías y militares involucrados.

En el caso de Suramérica, Colombia posee el mayor número de desapariciones forzadas debido al conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Las cifras oficiales señalan que hubo 47,259 víctimas de desaparición directa y más de 120,000 indirectas. Los datos son alarmantes. Siguiendo el Registro Nacional de Desaparecidos, de 1930 a finales de 2021 hubo 111.658 desapariciones.

Actualmente son más de 120.000, y todos los días hay nuevas desapariciones, por lo que no hay cifras exactas. Según Medicina Legal en el 2020 un promedio de 4 menores al día desapareció en el país. De estos 1.579 entre niños y adolescentes, 811 aparecieron vivos y 10 muertos y del 758 restante no se conoce aún su paradero.

En Argentina, durante el llamado “Proceso de reorganización nacional”, entre 1976 y 1983 desaparecieron miles de personas. Hay una polémica respecto a las cifras puesto que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas señala que hubo 9.000 desaparecidos, mientras que algunas organizaciones civiles y actores políticos la elevan a 30.000. Desprendido de estas desapariciones surgió en 1977 el grupo conocido como las “Madres de la plaza de mayo” que buscaban a sus hijos y, posteriormente, juicio sobre los responsables de sus desapariciones.

En Perú, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó una lista de personas desaparecidas entre 1980 y el 2000. De entre las 20.329 personas en la lista, al momento de publicarla únicamente 865 habían sido encontradas y restituidas a sus familiares para su sepultura. De acuerdo con un estudio de 2021 de la Comisión Internacional de juristas, sólo 47 de los más de 20.000 casos han tenido una sentencia judicial.

El Quindío no es la excepción

Este departamento, visualizado como un oasis de paz y presentado ante propios y extraños como una maravilla verde que atrae turistas, muestra una realidad muy diferente. Las cifras hablan por sí solas: un medio local tituló recientemente: “En el Quindío las mujeres le siguen el rastro a la desaparición forzada”.

Allí se informó: “En el Quindío no hay una cifra exacta sobre los casos de desapariciones forzosas, aunque datos del CTI se refieren a 800, mientras Medicina Legal habla de 1.000 y de 520 víctimas de falsos positivos, lo seguro es que hay un subregistro, según lo indicó la representante legal de la Fundación Supervivientes Maná, durante encuentro virtual con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Marco del Conflicto Armado. La vocera de dicha organización entregó valiosa información lograda mediante trabajo de campo, condensado durante la entrega pública del informe Mapa de Desaparición Forzada en el Quindío elaborado por la Fundación”.

El documento contiene la cartografía correspondiente a 10 personas desaparecidas y cuyos familiares integran la entidad que preside Luz Elena Ocampo y constituida en agosto pasado en Armenia por 15 familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos, cuyo interés es que se esclarezcan estos hechos, que, en el marco de la coyuntura actual, están seguras irá aumentando. Son 288 personas víctimas de ese aterrador delito que tiene el Quindío. Para conmemorar el “Día Internacional de las víctimas de las desapariciones forzadas”, la Fundación Supervivientes Maná, organizaron un acto el 30 de agosto, en la sede del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío (Suteq).

La ceremonia mostró el coraje y el convencimiento de la lucha de las mujeres por conocer la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos, y siguiendo el ejemplo de la Madres de la Plaza de Mayo, de Buenos Aires, Argentina, ellas persisten en su lucha y en el reclamo a entes gubernamentales. Allí estaban, además de las mujeres de la fundación, otras personas de edades diversas, cubriendo edades tanto de la juventud, como adultos y personas de edad avanzada.

Pero, aunque había acompañamiento de otras personas ajenas a la organización, se escucharon voces que manifestaban la falta de solidaridad de la población ante un hecho tan cruel. Igualmente, hay que destacar que el acto terminó con la develación del mural “Camino de esperanza”, que el Sindicado Único Trabajadores de la Educación del Quindío (Suteq) propició que se pintara en su sede y que estuvo a cargo de las mismas mujeres de la fundación, bajo la orientación de dos artistas solidarias.

El mural, en un intento de interpretación, representa varios planos: una imagen del rostro de los desaparecidos, otra parte señala el verde quindiano en proceso de deterioro por el cemento, la cordillera central con sus picos sin bosque, y en la parte superior destellos de luces, la luz de la esperanza. El acto concluyó juntando en canto, (poemas y musicalización de Gladys Molina y Martha Elena Hoyos) voces clamando: ¡nunca más, ningún desaparecido!



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