Autor : David Salazar
La secretaría de Gobierno y Convivencia de Armenia dotó de colchonetas algunos CAI de la ciudad y procura la vacunación anticovid de la población.
Las estaciones de Policía del departamento están al doble de su capacidad, afectando los Derechos Humanos de los detenidos.
Aunque el ministro de Justicia y el Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, aseguró que el hacinamiento carcelario en el país durante el mes de agosto fue solo del 16.7 %, con una tendencia a la baja, en el Quindío, por el contrario, se sigue incrementando.
En los Centros de Atención Inmediata, CAI, de la Policía Quindío y las instalaciones de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, el porcentaje dobla sus capacidades de ocupación.
Y si se analiza el panorama de las 3 cárceles del Quindío, la actualidad no es alentadora, los 2 centros penitenciarios de Armenia tienen sobrecupo, mientras que Peñas Blancas solo tiene 11 cupos disponibles.
Preocupante
Según datos recogidos por la Defensoría del Pueblo, las estaciones policiales en el Quindío tienen un sobrecupo del 73 %, con una situación crítica en la Sijín, donde la capacidad para albergar indiciados es de 18 personas, pero actualmente hay 79 privados de la libertad y uno condenado.
El CAI del barrio Santander, de Armenia, tiene capacidad para albergar a 30 procesados, pero allí se mantienen 78 imputados; el CAI del barrio La Isabella tiene 49 presos, cuando su capacidad es solo de 15 personas; en la estación de Montenegro, las instalaciones están diseñadas para albergar 4 capturados y en este momento tienen a 18 personas, con un hacinamiento del 350 %; y la estación Quimbaya tiene condiciones similares, su cupo es de 4 privados de la libertad y actualmente hay 13 detenidos y un sentenciado.
Los otros centros de atención inmediata de la región también sobrepasan capacidad instalada, pero los mencionados enfrentan la situación más crítica.
Las cárceles no se quedan atrás, la San Bernardo, prisión para hombres en Armenia, tiene una capacidad de 350 personas, pero actualmente alberga 451 privados de la libertad, un sobrecupo de 101 personas. En la cárcel Villa Cristina —para mujeres— puede tener hasta 156 reas, sin embargo, hoy allí hay 184, una sobrepoblación de 28 internas.
La cárcel Peñas Blancas tiene 969 capturados y tiene una población de 980 personas.
Sobre la solución
En el pasado mes de junio, el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela junto a la gobernación del Quindío, los 11 municipios y Armenia, generaron un convenio para la construcción de un nuevo pabellón en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá con el objetivo de atender el hacinamiento de los CAI de Policía y otros centros penitenciarios de la región.
El proyecto consta de $10.500 millones donde Armenia y la gobernación aportaban del Fondo de Seguridad, Fonset, de a $1.000 millones y los otros 11 municipios sumaban los $500 millones, mientras que el gobierno nacional desembolsaría $8.000 millones para cubrir la cifra total.
En julio, la gobernación del Quindío envió los documentos necesarios a Bogotá y en agosto comenzarían las obras, pero —aunque el mes está a punto de terminarse—, según Gloria Cecilia García García, secretaria de Gobierno y Convivencia de Armenia, aún no se firma el convenio para dar comienzo a las obras en ‘la Villa del Cacique’.
16.7 % hacinamiento en el país
El ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, en compañía del director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, mayor general Mariano Botero Coy, dio a conocer la más reciente estadística de hacinamiento carcelario en el país, que se constituye en una cifra histórica de reducción de ocupación de los establecimientos de reclusión.
“Gracias al trabajo que viene adelantando el gobierno nacional, a través del ministerio de Justicia y del Derecho, en coordinación con el Inpec y con la participación de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad que están aplicando la ley para aquellas personas privadas de la libertad que cumplen requisitos para obtener beneficios extramurales, se ha logrado reducir el hacinamiento en índices históricos, registrando solo un 16.7 % de sobrepoblación de privados de la libertad”.
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Según el ministro Ruiz Orejuela, actualmente en el país hay una población de 96.097 personas privadas de la libertad en los 132 establecimientos de reclusión del país, contando con una sobrepoblación de 13.771 privados de la libertad.
“Este es un logro muy importante si se tiene en cuenta que hace 18 meses teníamos registros de hacinamiento del 54.5 %, lo que generaba impacto en las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad”.
Este importante avance es el fruto de un trabajo dedicado, que incluye la creación de nuevos cupos carcelarios, la definición de la situación jurídica de los privados de la libertad que cumplen requisitos para la aplicación de beneficios, las medidas adoptadas por el presidente de la República para mitigar los efectos de la pandemia y la reubicación de personas privadas de la libertad, de acuerdo con sus características de reclusión.
Así mismo, el titular de la cartera de Justicia señaló: “Este trabajo de deshacinamiento se ha realizado de la mano con otras iniciativas, como la búsqueda de mejores condiciones en la alimentación en los establecimientos, brigadas de salud y brigadas jurídicas y fortalecimiento de la infraestructura carcelaria”.
Por su parte, el mayor general Mariano Botero Coy, director general del Inpec, manifestó su satisfacción al ver estos importantes resultados y dijo que “la reducción del hacinamiento en 16.7 % es más alentador si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional —al declarar el Estado de cosas inconstitucional en los centros de reclusión— indicó que un hacinamiento tolerable estaría por el orden del 20 %”, y que estos avances deben seguir dándose mes a mes hasta llegar a cifras mucho menores aún.
Los CAI de la Policía Quindío albergan 3 condenados cuando por ley no deberían estar ahí, sino en las cárceles.
