Judicial / SEPTIEMBRE 16 DE 2021 / 1 mes antes

Buscan regular la venta y porte de armas traumáticas

Autor : David Salazar

Buscan regular la venta y porte de armas traumáticas

Ciudadanos que actualmente las portan y los que deseen adquirirlas deberán realizar los trámites ante el gobierno nacional.

Comerciantes de estos artefactos no letales en el departamento lo manifestaron como una afectación a sus economías.

Cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca la regulación del acceso a las armas traumáticas o no letales en Colombia.

En el departamento del Quindío hay voces a favor y en contra de la iniciativa desde el gremio de seguridad privada y comerciantes.

Se disminuirán los hurtos

Para el capitán retirado de la Policía Nacional y gerente de una academia de entrenamiento en vigilancia en el Quindío, Édisson Javier Arango, la regulación permitiría que los hurtos a mano armada disminuyan.

“Va a mejorar muchísimo la seguridad de nuestro departamento, ya que estas armas son de muy fácil acceso para los delincuentes porque son muy económicas, pero causan un daño impresionante en la persona”, manifestó Arango.

Y agregó: “En el Quindío nos llenamos de personas con armas no letales y las portan sin ningún tipo de control, para mí es lo mejor que hizo el gobierno como desarrollo de acciones que promuevan a la generación de más seguridad en Armenia y los municipios”.

Sobre los métodos de acceso para las armas traumáticas ante el Ejército Nacional —en caso tal de que el decreto se convierta en una realidad— para las empresas privadas, el especialista no advierte impedimento alguno.

“Así debe de ser, las personas que quieran poseer un arma sean de cualquier característica, debe regularse directamente por el Estado y en este caso, las armas no letales, por el hecho de que no quiten la vida, no significa que deben ser de libre porte e insisto, deben ser reguladas”, expresó el gerente.

Y añadió: “Ahora, en la parte comercial, los dueños de los establecimientos comerciales con el objetivo de venta de este tipo de artefactos, deben estar regulados por Indumil y las autorizaciones para la venta lo debe dar directamente el Estado”.

Se desarma al ciudadano y se protege al criminal  

Diego Franco, comerciante y empresario de armas traumáticas en la región, aseguró que en caso tal de que avance el proyecto de ley, se generaría un desarme ciudadano y se protegería al criminal porque, a pesar de las restricciones para el acceso a artefactos bélicos, los delincuentes las consiguen para realizar sus delitos.

“Este tema no es nuevo, tomó fuerza tras las protestas sociales vividas este año por los ‘ciudadanos de bien’ haciendo uso de las mismas en contra de la población. Sobre la misma, aún no hay una definición final acerca de que el ganadero, tendero, empresario y comerciante debe inscribir el arma no letal ante el Estado sea por internet o de manera presencial a través de la alcaldía, la Policía o una Brigada del Ejército y si va  a tener algún costo”, expresó el entrevistado.

Indicó que se trata de un ‘ataque frontal’ a los expendedores legales de las armas no letales, ya que la comercialización de las armas traumáticas pasaría a Indumil.

“Esto perjudicaría el derecho al trabajo y a la manutención porque, como caso particular, este es mi único ingreso, ya que el gobierno estipularía que para los importadores y comerciantes de armas traumáticas en el país tendrían 16 meses para acabar con sus existencias mercantiles; creería entonces que el Estado busca crear un monopolio a través de Indumil para la venta de estas”, señaló Franco.

Sobre el comportamiento criminal, el comerciante respondió: “Todo hay que ponerlo en una balanza, hay que mirar qué porcentaje de delincuentes está usando las armas o las están modificando —esto es un delito— y qué cantidad de personas la usan para su provecho, para su deporte, para su recreación, para su protección. Muchas personas se protegen de los delincuentes y los ahuyentan con el uso de las armas traumáticas, protegen sus negocios”, dijo el comerciante.

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Finalmente, aclaró que está de acuerdo con la regulación de las armas no letales, pero de otras formas, que no afecten las finanzas de los comerciantes de este gremio. “Para el delincuente no hay ley, la persona al margen de la ley siempre va a conseguir ilegalmente armas: cortopunzantes, traumáticas o de fuego”.

El proyecto de ley  

El “proyecto de decreto por el cual se clasifica y reglamenta el porte de un arma y se dictan otras disposiciones”, fue radicado en el Congreso de la República a través del ministerio de Defensa y su jefe, Diego Molano Aponte, quien explicó las razones para expedir esta normativa.

El alto funcionario justificó la propuesta al asegurar que el decreto 2535 de 1993 faculta al gobierno para reglamentar su tenencia y porte. 

Con este marco regulatorio, Mindefensa aseguró que el objetivo es proteger los derechos fundamentales, la vida, integridad y libertad de la ciudadanía.

“Resulta imperativo establecer medidas encaminadas a la protección de los derechos y garantías en la seguridad y la convivencia ciudadana, mediante una reglamentación que permita el registro, control y porte de las armas menos letales”, señala el borrador de la iniciativa.

Aponte Molano dijo que la delincuencia común usa las armas traumáticas ante la falta de regulación. El documento de la iniciativa argumenta que, pese al precepto de que solo son utilizadas para defensa personal, no se cuenta con un estudio que pueda demostrar este uso, pero sí existe evidencia de que su tenencia está encaminada a cometer actos delictivos.

El proyecto tiene como fundamento el uso de las armas bajo la vigilancia del Estado, según la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

“Actualmente, se estima que en el mundo existen más de 450 empresas dedicadas a la fabricación de armas traumáticas, cifra que responde a la alta demanda por parte de gobiernos y cuerpos de policías para su inclusión en el servicio, como también su adquisición por personas del común y de grupos delincuenciales, quienes capitalizan la ausencia de reglamentación para su uso y porte, situación que refleja una problemática social en el escenario nacional”, explicó el ministro.

El proyecto de decreto establece que, basados en los anteriores argumentos, la tenencia de armas traumáticas sin un permiso de porte legal podría implicar sanciones hasta de prisión, pues la falta quedaría relacionada con el Código Penal, este sería penas basadas en el artículo 365, “el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de 9 a 12 años”.


 



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