Autor : David Salazar
Las autoridades buscan blindar al Quindío de la minería ilegal.
El comandante de la Octava Brigada, coronel Carlos Eduardo Vanegas Ávila, se refirió a las acciones en el Eje Cafetero.
El comandante de la Octava Brigada, coronel Carlos Eduardo Vanegas Ávila, indicó que se avanza en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de la maquinaria para minería ilegal que fue ubicada en Montenegro.
El alto mando oficial sumó a su versión que descarta que en el departamento exista una movilización criminal dedicada a la explotación de los yacimientos naturales.
El uniformado aseguró que el departamento está vigilado y cubierto por las tropas que, de igual forma, trabajan para desarticular cualquier acción que pueda afectar al medioambiente.
El caso en Quindío
La Seccional de la Policía de Carabineros y la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, destruyeron una maquinaria destinada a la explotación ilícita de un yacimiento minero en la vereda Puerto Samaria de Montenegro.
Las autoridades descubrieron la máquina avaluada en $15 millones y que estaba dispuesta sobre la orilla del Río De la Vieja, con fines de extracción ilegal de material pesado del afluente.
Mediante la operación denominada 'Criso', unidades del Grupo de Inteligencia y Policía Judicial llegaron hasta el lugar de los acontecimientos para llevar a cabo la intervención sobre la actividad ilícita conocida como minería a cielo abierto mediante la utilización de draga tipo buzo.
Las autoridades, tras la incautación de la maquinaria, instalaron explosivos y de manera segura dirigieron la detonación de manera controlada y bajo la supervisión de expertos.
La Policía Nacional no reportó capturados por este hecho al margen de la ley, pero dio a conocer que continúan con las actividades que buscan restablecer el orden y la seguridad medioambiental.
Las autoridades trabajan en acciones que se desarrollan para contrarrestar la contaminación del recurso hídrico y la afectación de especies.
Acciones en la jurisdicción
Tropas de la Octava Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Brigada Contra la Minería, la Policía de Carabineros y Sijín de Caldas incautaron maquinaria y elementos con los que se realizaba explotación ilícita de yacimientos mineros, explotación realizada bajo la modalidad a cielo abierto, utilizando mangueras para la extracción de oro aluvial.
En zona rural del municipio de Norcasia, departamento de Caldas, soldados del Batallón de Infantería N.° 22 Batalla de Ayacucho, junto con las demás autoridades, en labores de infiltración y de control contra la extracción ilícita de minerales, intervinieron 7 unidades de producción minera donde se extraía oro, las cuales a su vez ya habían afectado cerca de 6 hectáreas de capa vegetal que contaminaron las fuentes hídricas que desembocan en el Río Samaná.
Esta operación tuvo lugar en la vereda La Quiebra de Roque, en Norcasia, donde fue incautado un motor de arrastre, 5 motores de combustión interna, 1.870 metros de manguera, 30 canaletas de fabricación artesanal, 50 metros de malla expandida, 63 galones de ACPM, 10 boquillas para presión de agua y herramientas varias.
El material incautado está avaluado en más de $28 millones y fue puesto a disposición de las entidades competentes.
El aprovechamiento ilícito de minerales en estos municipios del oriente de Caldas se realizó sin contar con el título minero legal, estipulado en la Ley 685 de 2001, del Código de Minas, afectando los recursos naturales y la seguridad de las familias que viven y se benefician legalmente de estas fuentes hídricas.
Se estima que en estas unidades de producción ilegal estarían extrayendo aproximadamente 630 gramos de oro cada mes, lo que equivale a un ingreso promedio por venta de $151 millones mensuales, es decir, una afectación a las economías ilegales en más de $1.800 millones al año.
“Este resultado pone en evidencia la actividad de explotación ilícita de yacimiento mineros que se realiza en el oriente Caldense, que, además de ser ilegal, no cumple las condiciones técnicas, ambientales, de seguridad e higiene minera, y genera un daño irreversible al medioambiente”, manifestaron las autoridades.
Y añadieron: “Con estos resultados se logra una reducción significativa del impacto ambiental. Es de resaltar que el valor que se invierte para la recuperación del daño ambiental es de $250 millones aproximadamente y podría tardar entre unos 10 a 15 años”.
“El Ejército Nacional continuará realizando operaciones militares en Caldas, Quindío, Risaralda, Alcalá y Ulloa en pro de la preservación de los recursos naturales renovables y reafirma el compromiso para continuar trabajando en acción unificada y garantizar el cumplimiento de la misión constitucional”, finalizaron.
Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar.
Anuncian más operaciones.
