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El gobierno del presidente Gustavo Petro, por medio del ministerio de Transporte y la superintendencia de esta misma cartera, tiene la intención de presentar un proyecto de ley para prohibir en el territorio nacional el funcionamiento de plataformas digitales como Uber, InDriver y Cabify, en las cuales alrededor cien mil personas1 prestan este servicio. Por consiguiente, esto se traduce en que un elevado número de familias podría perder su principal fuente de ingresos. Así mismo, de forma arbitraria el gobierno pretende bloquear e intervenir los sitios web e imponer multas y sanciones en contra de los usuarios.
Dicho lo anterior, es importante resaltar que estas plataformas tecnológicas lo que buscan es que el cliente, es decir, todos y cada uno de los colombianos tengamos la posibilidad de elegir con quién movilizarnos conforme la calidad y el precio, por ende, si se presta un mal servicio, lo más probable es que no se utilicen y las mismas desaparezcan como cualquier otro negocio o actividad comercial en donde la persona puede revisar varias opciones de transporte y elegir la que considere más conveniente.
En este sentido, lo que se demuestra por parte del “gobierno del cambio” no es nada más que privilegiar a unos cuantos que tienen el monopolio y control del servicio de taxis, quienes lastimosamente en los últimos años no han gozado de una muy buena calificación, precisamente porque algunas de estas empresas no realizan procesos adecuados de selección de su personal, asesoría y orientación para atención al público, lo que cambiaría de manera positiva la prestación del servicio de transporte público.
Otro aspecto relevante, es que en años atrás (2021) el debate estaba centrado en la regulación de estas plataformas tecnológicas de movilidad, pero el congreso de la República no continuó discutiendo un proyecto de ley que buscaba plantear las bases para ordenar este servicio público, lo que perjudicó de forma importante la inversión de capital de grandes empresas en este sector económico del país.
Producto de lo anterior, el ministerio de Transporte al evidenciar el gran inconformismo por parte de la ciudadanía que ve vulnerados sus derechos, en especial a poder elegir como usuarios el medio de transporte de su preferencia, publicó en su cuenta de Twitter que: “En lo relacionado con las plataformas tecnológicas, trabajamos en reformas que contribuyan a la modernización del transporte para ofrecer al usuario un mayor bienestar. Será el Congreso de la República quien tenga la última palabra”.
En otras palabras, en lugar de velar por el interés general como les corresponde, buscan quedar bien con un sector del transporte, a pesar de lesionar a cientos de miles de familias.
Finalmente, el gobierno del presidente Petro cada vez muestra que algunos de sus funcionarios no están comprometidos con un verdadero cambio en la sociedad y, por el contrario, evidencia más el ánimo por afectar a la clase media del país.
1 Información de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo).
