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Opinión / JUNIO 25 DE 2023

Concertar no es imponer

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Por definición natural, un consenso corresponde a un acuerdo gana gana para las partes involucradas y en cuyo proceso se supone que todos deben ceder en sus aspiraciones buscando un punto de equilibrio que permita la más sabia y justa decisión para ambos. 
 

No es pertinente por tanto establecer “puntos inamovibles o no negociables” que impongan obstáculos en la negociación, sobre todo cuando se trata de tantas comunidades, sector productivo, organizaciones sociales y demás entes que de alguna manera van a ser fuertemente impactados por las decisiones que finalmente tomen los organismos comprometidos en las decisiones. Es claro que cada quien, de acuerdo con sus tendencias, intereses particulares y los de la organización a la cual se encuentra vinculado defienda en todo momento su posición y que la califique como la mejor, tratando de convencer a su contraparte de las presuntas bondades de su propuesta, llegando hasta el punto de descalificar la posición de su oponente por no estar de acuerdo con la suya. 

Justo lo anterior es lo acontecido en el Congreso de la República con las denominadas “reformas sociales” propuestas por el gobierno Petro, cuando sostienen sus defensores que las han discutido previamente con las partes relacionadas o afectadas con los cambios propuestos, pero sin que finalmente estos se incorporen en las propuestas a discutir. Algo parecido sucedió con el famoso referendo sobre el acuerdo de paz con las Farc cuando ganó el “No” y con solo algunos maquillajes del gobierno Santos, se le volteó en un “Sí”. Respecto a la reforma laboral, sobre la cual el gobierno y sus fuerzas políticas aseguran que insistirán en su presentación el 20 de julio en sesiones ordinarias, será entonces necesario que deje a un lado la terquedad que ha impedido su avance, obrando con mayor sensatez. No es cierto como lo manifiesta el actual presidente del Senado en tono populista que buscan con esa reforma otorgar a millones de trabajadores protección, pues según él se encuentran hoy totalmente desprotegidos, lo cual no es exactamente cierto. La legislación laboral vigente les otorga claras garantías y protección a todos. Que en muchos casos no se las cumplan en razón del alto volumen de informalidad aproximado al 60 % con que opera nuestro sistema productivo, es algo que no se va a solucionar imponiéndole mayores cargas que es justamente uno de los puntos de mayor distanciamiento entre las partes que discuten la reforma y que en esta fase la dejaron en el piso. Insisto que una reforma laboral debe centrarse en la forma como deben generar mecanismos que permitan combatir esa informalidad mediante incentivos y no con nuevas barreras que la estimulen a seguir violando las normas laborales por su imposibilidad de cumplirlas estrictamente para lograr sobrevivir. Es claro que todo negocio será rentable y sostenible, en la medida que demuestre su capacidad de asumir la totalidad de sus costos incluidas sus obligaciones de ley en todos los órdenes laboral, tributario, administrativo, de producción, mercadeo y demás, pero infortunadamente esta no es la realidad que presenta ese casi 60 % de nuestro sistema empresarial por lo cual rebusca la forma de sobrevivir en la informalidad con todas las limitaciones que esto representa para alcanzar su crecimiento y desarrollo. Esto es lo que se debe considerar, insisto, antes que dificultar más su operatividad e incluso obligando a muchas formalizadas a recortar sus nóminas por mayores sobrecostos que se les impongan, generando mayor desempleo. 
 


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