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Es evidente que el departamento del Quindío tiene una intensa actividad minera, actualmente hay un poco más de 60 títulos mineros en Armenia, Calarcá, Salento, Filandia, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya, Pijao, Génova y Córdoba; los materiales que se extraen en esos municipios son básicamente de cantera, es decir, los pétreos y agregados para la construcción, por supuesto oro, cobre y plata; explotación que es regulada y controlada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío; sin embargo lo preocupante es que, pese a la gran dinámica extractivista en este departamento, vigentes solo hay 11 licencias ambientales, de las cuales 8 son para extracción de materiales para construcción, una para la utilización de maquinaria y 2 para explotación de oro de filón. Es alarmante la fuerte actividad minera artesanal, y mucho más intensa la ilegal que se registra en el Quindío, lo que agrava la problemática, ya que estos únicamente pueden extraer oro mediante el proceso de lixiviación y amalgama, con el primer sistema se requieren enormes áreas para la lixiviación, a hoy no se tiene conocimiento de ningún sitio aquí para tal fin; en el otro proceso es igual o más grande el impacto ambiental y para la salud humana, pues en ambos se utilizan grandes concentraciones de mercurio y cianuro, entre otros elementos altamente tóxicos, pues luego de mezclarlos con el oro los tienen que retirar, para lo cual deben emplear millones de metros cúbicos de agua, la que luego contaminada vuelve a las fuentes hídricas. Es evidente que con el desarrollo de los túneles de la línea y con el crecimiento de programas habitacionales se ha intensificado la extracción de material de arrastre y de cantera en los ríos quindianos, lo que claramente ha desencadenado una sobre explotación de estos elementos, ocasionando gran devastación ambiental. El Quindío posee grandes yacimientos de oro, plata, platino, cobre, ferroníquel y zinc, por lo que se convirtió en un departamento atractivo para las empresas mineras que no siempre utilizan las técnicas extractivistas más adecuadas; y la actividad ilegal que no es controlada con eficacia por los organismos del Estado; inclusive los mineros artesanales utilizan mercurio en cantidades significativas. La CRQ, la policía ambiental, los alcaldes y el gobernador Roberto Jairo Jaramillo, deben establecer prioritariamente un Plan Departamental de Ordenamiento Minero, para controlar eficientemente todas las actividades mineras en el Quindío, pues la problemática no se centra únicamente en los sistemas de extracción, que son claramente dañinos para los recursos naturales y el medio ambiente, sino por la intensidad en esas dinámicas mineras; por lo que deben tener en cuenta que, la extracción artesanal, ilegal y aún la autorizada, sino es vigilada, con las restricciones necesarias, atenta contra las reservas hídricas, pone en peligro los ecosistemas, la biodiversidad, los suelos productivos, la agricultura, los paisajes y hasta la vida misma. Es urgente la activación de estrategias más eficaces de vigilancia y control a la minería ilegal; y se requiere también la formalización de los mineros artesanales, incluyendo a los de material de arrastre, para la implementación de métodos de extracción amigable con el medio ambiente.
