Opinión / OCTUBRE 11 DE 2009

Danza agrícola millonaria

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Esta columna fue escrita para la edición del pasado domingo, pero la columna fue colgada, no sé por qué razón. El tema cada vez cobra mayor actualidad y los planteamientos hechos, se confirman en lo sucedido en los últimos días, cuando el presidente, después de haber apoyado en un principio lo acontecido, decidió exigir al Ministerio de Agricultura, gestionar por la vía necesaria el reintegro de los millonarios desembolsos, al ratificarse que se utilizaron mecanismos dolosos en los procedimientos.

Es que no siempre las cosas que son ajustadas a las normas legales lo son para la ética, la justicia, la conveniencia colectiva y la equidad.  Es la conclusión a la que se llega luego de analizar esta nueva danza millonaria  con recursos del denominado programa “Agro ingreso seguro”, que ha entregado el Estado en  subsidios (donaciones) por más de catorce mil millones de pesos a reconocidas y adineradas familias del país, bajo el argumento destacado del actual ministro de agricultura de que se trataba de familias que “no le deben nada a la justicia y que están generando empleo”.

El AIS (Agro Ingreso Seguro), según su director, Julián A. Gómez Díaz, se creó con el propósito de mejorar la competitividad y productividad del sector agropecuario, y fortalecer los ingresos de los productores. Asegura que hasta la fecha se han beneficiado más de 316.000 familias que viven en el campo. Si se han irrigado recursos por 225 mil millones de pesos, un estimativo matemático simple, arroja un promedio de 705 mil pesos por familia, lo que por razones obvias a duras penas alcanza para medio mantener un pequeño cultivo en una finca. Aun así, ese promedio se reduce sustancialmente, si estimamos que las mil familias influyentes que se han encontrado en los registros como beneficiarias, muy seguramente han recibido cada una, sumas superiores a los cien millones, lo cual puede conducir a la conclusión que los dineros recibidos por las otras 315.000 familias deben ser irrisorias. Muy importante sería que el Minagricultura o el Iica, publicara ese listado, con cifras concretas e incluso con las destinaciones y los empleos generados por cada proyecto financiado.

Lo anterior deja a cualquiera estupefacto, si se considera la realidad que se vive en nuestros campos colombianos, donde los campesinos adolecen de tantas necesidades insatisfechas, frente a una supuesta escasez de recursos para atenderlas en la proporción debida. Por algo, una de las reconocidas beneficiarias del programa, ex reina de belleza se apresuró a anunciar el reintegro de los recursos que ya le habían sido entregados, una vez se desató el escándalo (¿será que si los reintegró? De allí, surgen cualquier cantidad de interrogantes y aunque los directivos del programa en el Ministerio de Agricultura y la entidad operadora Iica, aseguraron que el proceso se había adelantado con plena transparencia, con conocimiento de todos los organismos relacionados con personas aptas para beneficiarse, con la divulgación suficiente, los hechos están demostrando lo contrario.

El manejo de los subsidios para el campo, requiere de una reestructuración que evite que estos dineros lleguen a parar a unos cuantos terratenientes para ampliar cada vez sus feudos. En el Quindío, escuché comentario de un campesino sobre multimillonarios subsidios recibidos por un solo propietario, quien hoy, parece ser dueño de medio departamento, hablando en términos coloquiales, gracias a tales ayudas. Este asunto de injusticia social, tiene que llegar hasta las instancias necesarias.

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