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Opinión / ABRIL 13 DE 2024

Defendiendo la Salud colombiana

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Después de que fracasara el proyecto de la reforma a la salud la semana pasada, el gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro ha decidido implementar mediante decreto una parte de la reforma.

Inicialmente, ha intervenido en la gestión de la Nueva EPS y Sanitas, las dos EPS más significativas del país, que atienden a más de 17 millones de usuarios, lo que representa aproximadamente a uno de cada tres colombianos.

El propósito de este nuevo decreto es que la Adres, una entidad similar a un banco público encargado de administrar los recursos de la salud, transfiera más fondos directamente a las clínicas y hospitales, comenzando así a eliminar una de las funciones primordiales de las entidades promotoras de salud (EPS).

Muchas agremiaciones del sector se han pronunciado debido a la gran incertidumbre que esto traería para el sector.

La Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (Alami) expresó, “Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades nacionales colombianas para afianzar el trabajo entre todos los agentes, promover el diálogo constructivo y participativo y observar el debido proceso en todas sus actuaciones, en defensa de los más de 50 millones de colombianos afiliados a las EPS de Colombia”.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) se pronunció, “Esto se está utilizando en el marco de un debate político y estamos poniendo la salud de los colombianos en medio de un debate político”.

La Senadora Paloma Valencia del Centro Democrático resaltó que las determinaciones adoptadas por el Gobierno de Gustavo Petro en el ámbito de la salud han sido arbitrarias. Además, manifestó su inquietud ante la implementación de un modelo que, en su opinión, exhibe rasgos tiránicos, los cuales se reflejan en las prácticas actuales del Estado.

Fabio Aristizábal, exsuperintendente, expresó su desacuerdo con la decisión de la superintendencia de salud respecto a las EPS sanitas y Nueva EPS, acusándolas de usar el poder para someterlas.

El ministro Jaramillo anunció por su parte en una conferencia de prensa, las medidas que implementará el gobierno, entre las cuales se incluyen el incremento del porcentaje destinado al financiamiento directo de clínicas y hospitales, la implementación de un tarifario único para la población en general, entre otras iniciativas.

Todas estas medidas fueron respaldadas por el presidente en un mensaje en X donde declaró: “La ley nos autoriza a realizar pagos directos a hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas, y lo haremos para optimizar el uso de los recursos públicos”.

En relación con el tarifario único, el viceministro de Protección Social, Alberto Martínez, afirmó que se basarán en algunas experiencias internacionales para llevar a cabo este proceso.

En conclusión, tal y como he dicho en mis otras columnas anteriores respecto a este tema, los distintos eventos nos subrayan la urgente necesidad de encontrar soluciones consensuadas que garanticen la continuidad y calidad del servicio de salud para todos los ciudadanos colombianos, en un contexto donde la colaboración y el diálogo entre todas las partes involucradas son fundamentales ya que lo que debemos garantizar es la continuidad en la prestación del servicio para no afectar a la población en general.


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