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Opinión / FEBRERO 21 DE 2024

Dimensión Ambiental en PD I

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“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. Artículo 79, Constitución Política de Colombia 1991.   

“Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley…” Artículo 339, Constitución Política de Colombia 1991. 

Desde el año pasado, en un amplio documento del Ministerio del Ambiente, se presentaron las “Orientaciones para la incorporación de la dimensión ambiental en los Planes de Desarrollo Territoriales 2024-2027”, el mismo se viene realizando desde el 2019. En este cuarto del siglo XXI, cuando la ciencia ha indicado que nos acercamos al desastre total, reiteramos una vez más, que urgen medidas radicales para detener o inclusive reversar la catástrofe que pone en riesgo la vida misma de la especie humana. 

Comencemos por recordar e insistir que los 1.105 municipios y los 32 departamentos, y toda aquella institución que incida de alguna manera en la construcción de los Planes de desarrollo, deben aplicar las orientaciones expuestas en el mencionado documento para estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. Los entes territoriales no podrán esperar mucho para la ejecución de sus proyectos si no se acogen a los lineamientos del Plan Nacional. Por igual las CAR, que son 33 en el país, deberán apoyarse en él, para dar viabilidad a los PD Territoriales. 

El documento nos llama a las Entidades Públicas, Academia y Centros de Pensamiento, Organizaciones de la Sociedad Civil, Medios de Comunicación y Sector Privado, a participar activamente e incidir en la planificación de cada territorio, resaltando la necesaria intervención de los Consejos Territoriales de Planeación (CTP), y con la obligatoriedad de la institucionalidad de facilitar y promover la participación amplia de todos los sectores sociales y sus organizaciones. Se nos recuerda también, que el incumplimiento del “programa de gobierno” respectivo y la falta de ejecución de los Planes de Desarrollo, puede llevar al gobernante a la revocación de su mandato. 

Resalta la importancia del Sistema de Administración del Territorio, que es el conjunto de “procesos, acuerdos interinstitucionales, marcos legales, estándares, infraestructuras de datos y tecnologías que se requieren para facilitar la colaboración armónica entre los distintos niveles de decisión pública, la participación de la ciudadanía,… y el uso de la información territorial en la toma de decisiones integrales y coordinadas y la adecuada prestación de servicios al ciudadano relacionados con derechos, restricciones y responsabilidades sobre la tenencia, uso, valor y desarrollo del territorio”. (Congreso de la República, 2023, pág. Art. 53).

Como comenzamos a ver, es de mucha importancia la dimensión ambiental en los planes de desarrollo territoriales. Y es la sociedad civil quien debe incidir para que sea tenida en cuenta.  
 


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