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Opinión / ENERO 29 DE 2023

Impunidad y negligencia

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Dos temas ampliamente desarrollados en este espacio de opinión siguen generando alta controversia por la forma como están siendo manejados por el actual gobierno, con tendencia más al agravamiento que al encuentro de las urgentes soluciones que requieren.
 

El primero relacionado con la justicia, sobre el cual se sabe que desde la campaña, el ahora presidente Petro se ha empeñado en procurar mayor favorecimiento hacia los delincuentes de todo orden, que en la aplicación de una verdadera justicia, llegando al extremo de pretender invadir los terrenos que por orden constitucional le corresponden al poder judicial, no al ejecutivo que es el suyo. Esto desde luego ha generado la reacción de la comisión interinstitucional compuesta por los presidentes de las altas Corres, el fiscal y un representante de la rama judicial, llamando la atención del gobierno por no respetar la autonomía e independencia de la justicia en los procesos, escudándose equivocadamente en su plan de paz total y abarcando de forma peligrosa la impunidad en su aplicación. 

Es una curiosa coincidencia que el mandatario haya insistido con tanto rigor en la liberación de los vándalos procesados de la Primera Línea y que hoy esté convocando plantones, marchas y diálogos callejeros para que se le respalden sus propuestas de reformas en el Congreso. Ya se conocen claramente las estrategias destructivas  bajo las cuales presionan estos movimientos que en buena proporción lo llevaron al poder y que en la misma reforma insiste para que sus vandalismos no se consideren hechos delincuenciales con efectos penales así destruyan lo que sea, público o privado. La reforma a la justicia, que según el ministro del ramo busca sacar de las cárceles a miles de sujetos, se unirían a los innumerables esguinces que hoy presenta la legislación y de los cuales se pegan abogados inescrupulosos e incluso los mismos jueces para dejar en libertad a reconocidos y peligrosos delincuentes que cometen una y otra vez reiterados delitos en las calles y campos a sabiendas que cuentan con tales gabelas para evitar ser encarcelados. Las gentes de bien son en estos casos los más damnificados, lo serán más, con las intenciones del actual gobierno, su cuestionada reforma a la justicia y el mayor crecimiento de la inseguridad.

El otro tema se relaciona con los bienes manejados por la Sociedad de Activos Especiales, antes por la Dirección Nacional de Estupefacientes, incluidos muebles e inmuebles, tema que el pasado domingo fue expuesto de forma descarnada por el programa Los Informantes de Caracol TV. Es increíble el desgreño con que se continúan administrando estos  activos que hoy deberían constituir una base fundamental para cubrir tantos requerimientos de índole financiero, social y económico del País, cuando se habla de sumas astronómicas cercanas a los $30 billones entre muebles e inmuebles. Los primeros, en gran proporción arrumados en un desorden fantasmal, deteriorándose en bodegas, según los declarantes, sin un archivo ordenado de existencias, vehículos de alta gama, electrodomésticos, equipos tecnológicos entre otros, que poco a poco van siendo consumidos por la obsolescencia; y en el caso de inmuebles, muchos de ellos al parecer perdidos luego de haber sido decomisados pero ocupados por políticos corruptos e inescrupulosos, aún sin identificar debidamente por las autoridades de fiscalización y control, aunque muchas personas en sus entornos si conozcan quienes, como acontece con tantos asuntos similares del Estado.


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