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Es como si el Gobierno Nacional frente a la pandemia hubiera declarado el Estado de Emergencia y se hubiese quedado congelado del susto y no hubiera emitido los más de 150 actos administrativos -decretos, resoluciones, circulares, directivas y otros actos administrativos-, para tratar de enfrentar la calamidad pública. Cuando se declara una emergencia sanitaria, económica y social, dicha declaración tiene por objeto emitir todos los actos que deben ir encaminados a contrarrestar los efectos de esos hechos que generan la emergencia.
Lo grave de todo esto es que el tiempo se agotó para los ejecutivos locales, pues luego de pasado el periodo excepcional desaparecen las facultades del ejecutivo y para tomar esas decisiones se debe someter a los vericuetos de los concejos y la asamblea, con los consiguientes inconvenientes políticos, pero sobre todo con la pérdida de tiempo en situaciones que son, precisamente, las que busca evitar la declaratoria de emergencia.
Por ejemplo, la alcaldía de Ibagué decidió subsidiar el 100 % de algunos servicios públicos e implementó alianzas con sectores productivos para generar y conservar empleos. La alcaldía de Pereira destinó $20.000 millones para créditos empresariales, $4.000 millones para créditos a pequeñas empresas e independientes, compra de cartera por $5.000 millones para ser usado como capital de trabajo de empresas que generan empleo, ampliación de plazo y descuentos en predial, exoneración del 100 % de industria y comercio para comerciantes con capital inferior a $2.300.000, ampliación de plazo para procesos urbanísticos, reducción de impuesto a constructores del 70, 50 y 30 %, reducción del 60 % a las tasas con que estaba gravado el sector turismo, reducción del 80 % de intereses en impuestos y 70 % de intereses en multas de tránsito, impulso a obras públicas generadoras de 1.500 empleos, impulso en alianzas para generar 23.000 empleos, programas para generar 4.000 empleos en obras comunitarias, impulso de programas por valor $4.500 millones para obras rurales generadoras de 4.000 empleos.
En Armenia y el departamento del Quindío las decisiones frente a la crisis en materia de generación y conservación de empleo, medidas de corte sanitario, subsidio en servicios públicos, medidas para mejorar la capacidad de respuesta a la emergencia sanitaria, alianzas público privadas, medidas de carácter económico y social para enfrentar la pandemia es un total de 0. Es más, lejos de ello, las autoridades locales se han convertido en obstáculo para algunas medidas que han surgido desde otras instituciones, como la iniciativa del científico Jorge Enrique Gómez Marín, que propuso un proyecto para implementar un laboratorio encargado de realizar pruebas de detección de la COVID-19 y no fue tenido en cuenta ni por la alcaldía ni por la gobernación.
Octavio Arcila Quintero
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