Opinión / AGOSTO 03 DE 2021

Incapaces de frenar la corrupción

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Las contralorías fueron creadas para frenar la corrupción administrativa, para proteger los recursos públicos del Estado, las gobernaciones y alcaldías, pero han sido incapaces de cumplir su misionalidad; aunque conforma la Contraloría General de la República con las territoriales una estructura de supervisión y auditaje, fracasó en la mitigación y contención de la corrupción en la gestión pública; es evidente que fue vulnerada a través del clientelismo, la politiquería, las dádivas y los sobornos, por aquellos a quienes controlan y regulan, y es que este fenómeno social muta cómo un letal virus, cada  escándalo es opacado por uno nuevo de mayores proporciones al anterior, tan vertiginosamente ocurre, que la mayoría de ciudadanos ha perdido la capacidad de asombro; hace algunos años fue el carrusel de la contratación, después Agro Ingreso Seguro, luego se conoció sobre la refinería de Cartagena, Reficar, una subsidiria de Ecopetrol, cuyo desfalco superó los $4 billones, y que cubrió los mandatos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. A hoy, los juicios de responsabilidad fiscal iniciados por la Contraloría General no tienen mayor importancia en proporción al delito, hay que recordar que la Fiscalía General dejó exentos de responsabilidad penal al ministro de Hacienda de esa época, Mauricio Cárdenas, y al presidente de Ecopetrol en ese entonces, Juan Carlos Echeverry. Posteriormente fue el caso Odebrecht, ampliamente conocido, por ser el hecho corrupto más grande en la historia contemporánea de América Latina. Estas historias de corrupción se repiten en departamentos y municipios, con una penosa similitud, como si se tratara de un perverso libreto por muchos aprendido; abundan los ejemplos, aquí en la comarca el más sonado, valorización; es por eso que la corrupción en Colombia supera los 40 billones de pesos cada año, lo que es intolerable y alarmante, por lo que el estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011, la Ley 80 de contratación y las normativas vigentes para la correcta inversión del estado, resultan insuficientes para proteger los dineros públicos. Y ¿por qué han fracasado los intentos por detener la corrupción?, inicialmente por la forma en que son nominados y elegidos los Contralores de la República y los territoriales, es el resultado de ejercicios políticos, aunque existen concursos y “filtros” académicos, al final de cada  proceso el congreso, las asambleas y los concejos se encargan en sesiones plenarias de elegirlos, a cambio de cuotas burocráticas y otros beneficios, estos luego se convierten en los encargados del control fiscal a sus nominadores y mandatarios aliados, lo que claramente subordina la independencia entre  el fiscalizador y los fiscalizados, siempre son los amigos y aliados de políticos y gobernantes; a esto se le agrega que, los auditores son en gran medida cuotas políticas, están en provisionalidad o propiedad y se sienten seguros para acomodarse a intereses y “circunstancias” personales; además el absurdo control posterior, hace que se produzca el hallazgo cuando el funcionario llenó alforjas,  y finalmente la deficiencia del capital humano y el atraso tecnológico, dando como resultado unas contralorías inanes, incompetentes e incapaces de detener la corrupción —son pocas las excepciones—.


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