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Esta semana se conoció la decisión del gobierno nacional sobre la fijación del nuevo salario mínimo mensual para el año entrante en la suma de $1 millón más el subsidio de transporte de $117.172. Buena noticia para los trabajadores, no tanto para los empleadores, en particular para los micros y pequeños empresarios para quienes el costo de la mano de obra les representará un esfuerzo grande en cuestión de competitividad para hacer frente a sus mercados, con un apreciable incremento en los precios de sus productos y servicios, o en muchos casos, someterse a un menor margen de utilidad para hacer frente a la competencia con sus similares y productores de sustitutos.
De otra parte, conociendo el alto nivel de informalidad que caracteriza nuestra economía, igual sabemos que es bien alta a su vez la cantidad de trabajadores que no van a poder disfrutar de tal salario mínimo legal, presionados por sus patrones con la consabida disculpa: “Solo les puedo pagar esta cantidad: La toman o la dejan. Afuera hay mucha gente dispuesta y necesitada que trabajan hasta por menos”. Es la cara de necesidad en un país como el nuestro que adolece de tanta injusticia social. Y ahí entra a jugar también el tema de las prestaciones sociales, que no disfruta gran parte de esa misma población que le trabaja a la informalidad y de la cual van surgiendo miles y miles de personas que llegan a su edad de retiro laboral, sin acceso a una pensión. Lo grave es que tan solo 43% de la población laboral cotiza para pensión, indicativo que la situación no parece mejorar a corto plazo.
Este es el panorama laboral de la más alta proporción de nuestra población, donde solo la cuarta parte accede en Colombia a este beneficio y donde el 20% que corresponden a las más altas mesadas absorben los 80% del monto total de las pensiones, incluidos los subsidios. Una situación injusta que nunca nuestras autoridades legislativas se han propuesto abordar y corregir obvio por cuanto serán ellos mismos y sus núcleos familiares y afectivos quienes se verían más afectados. Igual tampoco las autoridades laborales del gobierno se han preocupado por atender tantas falencias como las acá presentadas. Y en el caso de las pensiones, tampoco se ha logrado que las de menor cuantía, al menos hasta 4 salarios mínimos mensuales, logren su reajuste acorde con lo que se apruebe para el mínimo, por lo cual sus mesadas año a año se acercan más a ese mínimo. Y el gremio que los agrupa tampoco ha logrado nada en este sentido, frente a los legisladores.
La efectividad de una institución se mide por los resultados de su gestión, no por las actividades que desarrolle para conseguirlos, pues si tal labor se adelanta solo por tener algo que mostrar a sus integrantes, se convierte en un desgaste institucional y en un desperdicio de recursos. Eso es lo que se llama ineficiencia, falta de efectividad de una clase política, que más piensa en sus intereses que en los colectivos. Por algo se volaron esta semana para evadir la rebaja de sus vacaciones. Bueno al fin y al cabo en esas viven. Mientras a la clase trabajadora solo se le otorgan 15 días al año, ellos tienen autoaprobados 4 meses, aparte de su altísima remuneración, el grueso equipo burocrático que lo acompaña pagado con nuestros impuestos y demás ingresos extras que se ingenian bajo cuerda por cumplir con sus deberes. Cruel realidad.
Por lo pronto, Feliz Navidad y éxitos en el 2022 para los amables lectores.
