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Opinión / ENERO 22 DE 2023

La compensación de los peajes

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Para el departamento del Quindío no fue para nada significativa la determinación del gobierno nacional de congelar las tarifas de peajes que no corresponden a las Concesiones, considerando que acá, los principales son operados por Autopistas del Café,  Tarapacá entre Armenia y Pereira y Corozal en la vía al Valle, las que ya fueron reajustadas.
 

Y a nivel del Eje Cafetero, es de resaltar la decisión tomada por la Concesionaria Pacífico Tres de reconsiderar el incremento, respondiendo las protestas que se venían registrando, al regresar a las tarifas que venía cobrando desde el año pasado. Decisión similar debería ser adoptada igualmente por Autopistas del Café, no solo como una forma contribuir a la estabilización de costos del transporte ya de por sí afectados por las fuertes alzas en el precio de los combustibles, sino para compensar, así sea en una mínima proporción, los incumplimientos en los que ha incurrido para la construcción de los largos y determinantes tramos de carretera en doble calzada hacia la capital de Caldas, como ya se ha referido en este espacio.

Y referente al tema de la congelación de peajes en los casos de vías administradas por los departamentos municipios, Invias y la ANI, esta semana continuó la controversia en relación con la forma como el gobierno compensará los costos que le representará esta determinación, lo cual como es de esperarse siempre recae en el contribuyente, como su máximo patrocinador. Los planteamientos de la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, son bien contundentes  al prever que el billón de pesos que se dejarán de percibir forzará al gobierno a compensar los proyectos y entregar tales recursos con dineros del Fondo de Contingencias y presupuestales. Y, según la entidad, la principal consecuencia para el país es que a partir de la fecha serán el Gobierno y todos los colombianos, incluso quienes no transitan por las carreteras concesionadas, quienes terminarán respondiendo, vía impuestos,  por los dineros que se dejen de recaudar, dado que es la fuente de pago de las inversiones realizadas sobre la infraestructura. Ha llegado incluso al extremo que sea el gobierno quien deba finalmente concluir obras, asumir  administración, operación y mantenimiento de las vías ya concesionadas. Al respecto, ya el ministerio de Transporte ha exteriorizado su intención de gravar con impuesto de valorización a los predios rurales que se beneficien directamente de la construcción de las vías, lo cual constituiría un nuevo y duro golpe contra las finanzas del sector agropecuario, tan duramente golpeado con los altos costos de los insumos, con las nuevas cargas laborales que se le pretenden imponer a través del ministerio de Trabajo con su reforma laboral, los correspondientes al transporte con los mencionados incrementos a los combustibles y las graves afectaciones sufridas por la fuerte ola invernal de los últimos diez meses.
 


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