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En buena parte tiene razón la alcaldesa de Bogotá al reprochar la decisión de los jueces que, en tan alta proporción, superior al 90 % de los sujetos capturados por la policía por “presuntos” hechos delincuenciales, son dejados en libertad cuando son presentados ante los jueces de garantía, dejando desprotegidas a las víctimas y demás personas de bien que quedan a merced de ellos para que sigan cometiendo sus fechorías.
Genera la mayor indignación escuchar noticias como las que a diario presentan los medios de comunicación haciendo referencia a estos hechos. Esta semana, con el caso de una banda conformada por 13 individuos, 6 mujeres y 7 hombres, al parecer de origen extranjero, quienes después de un seguimiento previo, fueron capturados según la información, en flagrancia por atracos y abusos en los articulados de Transmilenio, sistema que viene siendo motivo de manifestaciones por parte de las mujeres ante la inseguridad que allí reina en particular contra ellas. Al ser presentados a la justicia con las pruebas suficientes y los registros de las cámaras de seguridad para su judicialización, la juez del caso los dejó en libertad, aduciendo en un hecho insólito, según la misma noticia, que mantenerlos privados de libertad en establecimiento carcelario resulta demasiado costoso para el Estado. Increíble que esto suceda y que la juez, considere que es la ciudadanía la que debe continuar afrontando los riesgos de inseguridad, exponiendo su integridad física, su honra, sus bienes y hasta su propia vida ante los delincuentes como si protegerla no fuera su obligación constitucional. En el inaceptable caso extremo de carácter económico que plantea la representante de la justicia, si se tratare de extranjeros, lo pertinente al menos, sería acudir a las medidas de deportación o expulsión hacia su país de origen.
Al respecto de la situación penitenciaria del país, infraestructura carcelaria y programas de resocialización para los reclusos, se conoció que el Congreso de la República prepara debate de control político al ministro de Justicia, Néstor Osuna, el próximo martes a las 3 p. m. para que responda por los cuestionamientos en esta materia. El funcionario en sus declaraciones a la prensa ha dejado entrever sus inclinaciones hacia la idea de hacer menos duras las penas que existen en Colombia contra la delincuencia, lo cual parece contrario a lo que ahora acontece con nuestra justicia con tantas gabelas y garantías como las que existen como son las rebajas por sometimiento, por estudios, por buen comportamiento, por colaboración e incluso con el cuestionado mecanismo de “casa por cárcel”, que a muchos simple y llanamente les sirve para continuar delinquiendo desde la comodidad de sus residencias etc. Respecto a las prerrogativas, esta semana se conoció el caso del coronel Joaquín Aldana, quien siendo comandante operativo de la policía en el Tolima fue condenado a 33 años de cárcel por el asesinato y desmembramiento de su esposa Érika Cecilia Yeneris en el 2009 y el pasado jueves el Juzgado 2o de Ejecución de penas y medidas de Bogotá, le otorgó el beneficio de casa por cárcel, luego de haber cumplido solo 13 años de prisión, aduciendo cumplimiento de 50 % de la pena (no entiendo esta matemática del juez), más buen comportamiento y estudios. Más laxa y blandengue que la justicia nuestra, creo que ninguna en el mundo. De ahí que sucedan casos como el de la muerte del abusador de Hilary Castro en una URI de Bogotá y tantos otros en los que la comunidad, familiares o relacionados de las víctimas deciden aplicar la justicia por mano propia, hechos que resultan volviéndose más en su contra por los efectos jurídicos correspondientes, que los hechos de origen, aun tratándose de la propia defensa. Esta semana salió otra información de prensa sobre una mujer que le robó la moto a unos ladrones que la atracaron y ellos la denunciaron a la Policía. Nada raro que vaya a ir a la cárcel y sus asaltantes sigan libres con el producto del botín que le quitaron.
Con esta justicia tan compleja y extraña, todo puede suceder.
