Opinión / OCTUBRE 20 DE 2021

Reducción de sanciones e intereses 

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La ley 2155 de 2021 “por medio de la cual se expide la ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones”, entre las cuales se motiva por la reactivación económica y la generación de empleo, determina en su artículo 45 el beneficio consistente en la reducción transitoria de sanciones y tasas de interés dirigida a los sujetos de obligaciones administradas por la Dian, así como respecto de los impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial. Lo anterior se traduce en que los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas, que tengan obligaciones en mora con la Dian, o incluso con entidades territoriales, vencidas al 30 de junio de 2021, logren una disminución en los pagos que tengan que realizar. Al respecto detengámonos en varias consideraciones: 1. Las entidades territoriales lo primero que deben hacer, para dar cumplimiento a dicha disposición, es adoptar dicha norma, toda vez que analizado el asunto, tenemos que por mandato constitucional (art. 287 numeral 3.), dichos tributos endógenos son de su exclusiva propiedad, por tanto, no constituyen transferencias directas del gobierno nacional, sobre las cuales este puede determinar su administración o destinación, y mal podría el nivel nacional disponer de los recursos propios de las entidades territoriales, sin la consabida intervención de las autoridades territoriales, en la toma de tan trascendental decisión, de tal manera, que se hace necesario que estas entidades adopten esta normatividad. 2. Pero ¿qué es lo que se nos perdona con el artículo 45 de esta ley? Se nos perdonan sanciones e intereses, aún sobre las sanciones impuestas a través de actos administrativos, determinando un gran descuento equivalente al 80 % de dichas sanciones e intereses, siendo aplicados no solamente para los pagos que se hagan, sino también, al momento de celebrar un acuerdo o facilidad de pago con la entidad tributaria o con la entidad territorial, hasta el 31 de diciembre de 2021. 3. Sobre el beneficio de los intereses, debemos tener en cuenta, que es de vital importancia, por cuanto en condiciones normales, antes de la expedición de la ley, la tasa que se venía aplicando, era la tasa de los intereses para crédito de consumo menos 2 puntos, y con la nueva ley, la tasa que se aplica es la liquidación diaria del interés bancario corriente para créditos de consumo ordinario establecidos por la Superintendencia Financiera, que es un poco más baja que la tasa de usura. 4. Es importante mencionar que cuando leemos la exposición de motivos de la ley en comento, presentada ante el Congreso de la República, se observa fácilmente que la gran mayoría de las medidas tomadas se justifican con apoyo en la pandemia (Covid-19). 5. Por la anterior razón, debemos tener muy presente, que para que estos beneficios de reducción transitoria de sanciones e intereses procedan, el artículo 45  ibídem, establece una condición  sine qua non, para su aplicación, que indica que el incumplimiento debe haberse  originado  o  agravado  como consecuencia de la pandemia (Covid-19), condición establecida claramente en la norma, que nos remite de  ipso facto  a un asunto eminentemente  probatorio, propio de la actividad jurídica, donde la carga de la prueba corresponde al usuario contribuyente deudor moroso. 

Es decir, quien pretende beneficiarse de la aplicación de la reducción transitoria de las sanciones y los intereses, del artículo 45 de la ley 2155 de 2021, debe no solo mencionar, sino, probar su situación, o en general, “cualquier otra circunstancia que resulte en detrimento de los ingresos y patrimonio del moroso para la debida atención en el cumplimiento de las obligaciones a cuya reducción pretende acogerse”, como lo dice la Dian en su proyecto de Resolución  “Por medio de la cual se imparten instrucciones para la aplicación del artículo 45 de la Ley 2155 de 2021.”  Finalmente, me atrevo a manifestar que la Dian en su proyecto de reglamentación sobre la aplicación del artículo 45  ibídem, debe ser más claro en el sentido de indicar si en este trámite debe mediar solicitud del interesado, toda vez que hacerlo de oficio, implicaría enorme desgaste para la administración, es más, las entidades territoriales en su adopción de esta medida, deben establecer las reglas para acceder a este beneficio, de conformidad con las instrucciones definitivas, dadas por el órgano rector, la Dian. Por tanto, la entidad territorial debe en su adopción determinar entre otros aspectos, el plazo máximo para solicitar la facilidad de pago, el cual podría ser de por lo menos 15 días antes del 31 de diciembre, a fin de tener plazo para decidir sobre la misma; recordemos que la facilidad de pago debe estar debidamente suscrita y notificada al 31 de diciembre de 2021, para poder acceder al beneficio.  
 


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