Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.
Por fin un gobierno asumió la responsabilidad de enfrentar la tragedia de millones de colombianos que día a día ven cómo aumenta la tarifa de servicios públicos domiciliarios, o como simplemente el incremento en la cuenta que le llega en ocasiones es exagerado o erróneo. Por ejemplo, cuando cobran millones a viviendas de los menores estratos, cometiendo errores en la facturación. Y qué decir de la atención a los reclamos que la mayor de las veces se queda en cantos a la bandera, frente la suspensión de un servicio que es vital para los seres humanos.
El mínimo vital es un eufemismo y no una realidad, y en plata blanca, como decían ayer, ningún prestador privado trabaja si no obtiene una ganancia para sus socios. Todo ciudadano tiene derecho a ellos, pero la obligación de prestarlos es del Estado, entendido como todos aportando. La rentabilidad de la prestación de servicios colectivos domiciliarios es social, es entregar bienestar y resolver una necesidad básica de los seres vivos y es con nuestros impuestos y contribuciones como se prestan. Volvieron un negocio lo que tiene que ser un derecho, y asumir la política sobre ellos es una obligación del gobernante, además debe concretarse en tarifas justas para los habitantes que han visto la corrupción de miles de millones (en el sector eléctrico), que no tiene condenados.
Bienvenida la intervención gubernamental que permita aliviar las cargas de todos, pues ninguno es ajeno a estos servicios, ojalá no sea solo el anuncio sino que se vea reflejado en las próximas facturas de pago de los colombianos.
Pero, aunque en ocasiones el gobernante trata de acertar, como en el caso de buscar que se acabe el comercio político y económico de la contratación por servicios y se vincule permanente a las personas que requiera el Estado, se equivoca el gobierno al limitar a cuatro meses esa contratación es esta época de posible transición a un estado ideal de vinculación. Por el contrario, ahora el contratista cada cuatro meses y no cada año sufrirá la crisis de saber si lo contratan o no, siendo perverso convertir un viacrucis en tres al año.
Y que decir de las consecuencias con los profesionales y las plazas en los departamentos, no solo los vinculan por cuatro meses a quienes venían de años atrás por que no ampliaban la planta de personal, sino que ahora se presenta otro fenómeno, esos “cupos” de contratos se trasladan para la capital del país u otras regiones y se recortan las posibilidades de los locales generando mayor desempleo en la periferia. No quisiera creer que esto se da por razones electorales, o intereses de grupos que intervendrán en el próximo debate electoral. Aquí lo que se hará será desmantelar instituciones y volver al centralismo que tan perjudicial ha sido para los colombianos.
