Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.
Las secretarías del gobierno departamental del Quindío nos siguen dejando mucho de qué hablar y desafortunadamente solo nos provocan comentarios negativos. En nuestro ejercicio como Consejo Territorial de Planeación Departamental (CTPD), en el cual, por indicación de la ley, realizamos nuestros conceptos sobre el seguimiento semestral al Plan de Desarrollo Departamental, fue llamada a su respectivo informe la secretaría de la Familia.
Lo primero fue que esta no acudió al llamado en el momento solicitado, desconociendo su obligatoriedad. A la ignorancia de funcionarios de “alto rango” responsables de lo que debía ser un buen gobierno para el debido funcionamiento de las instituciones, se le agrega su arrogancia cuando se trata de la comunicación fluida que debería darse con la sociedad civil. Y para completar cuando se les solicita la debida información oportuna y verás, no solo se llenan de pretextos, sino que quieren justificarse con constantes y absurdas mentiras.
La secretaría en mención no sabe o no quiso dar la información concreta de la situación agravada de innumerables familias en el departamento. No sabe cuál es la población real en condición de discapacidad en el Quindío, que, según estimativos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede estar alrededor de las 60.000 personas. La atención prestada a la misma sufre de gravísimas dolencias y el trato, según denuncias de sus representantes, ha llegado hasta la humillación.
No han sido capaces de cuantificar quiénes se encuentran en situación de calle, ni la población infantil en condición de mendicidad, ni por qué del alto índice de suicidios en el departamento, en especial de jóvenes. No tienen claro la dimensión del maltrato familiar y de los feminicidios, siendo uno de los mayores a nivel nacional. Por información del sector educativo, tampoco se está realizando la labor correspondiente ante el alto ausentismo y en particular por la deserción por embarazos de “niñas” en edad escolar. Tampoco supieron responder ante el deficiente del PAE, que no debe ser solo responsabilidad de la secretaría de Educación, sino que deberían estar involucrados la de Familia y otras secretarías más. No se está cubriendo en su totalidad a la población estudiantil.
No da respuesta sobre la situación de las familias de los pueblos originarios, que se han venido desplazando al territorio por los conflictos en otras zonas del país. No sabe sobre la niñez que sufre a diario la explotación sexual infantil. No saben cuántas familias viven en barrios llamados subnormales, ni mucho menos sobre sus más sentidas necesidades. Desde diferentes voces de la sociedad civil se ha venido insistiendo en la necesidad de un profundo y completo diagnóstico sobre la salud mental en el Quindío, hasta que esto no se realice, no podrá atenderse debidamente el deterioro de la misma que se ha venido dando entre habitantes del territorio.
Definitivamente poco alcanzamos si nos limitamos a un buen gobierno nacional, pero en los territorios sigue primando la politiquería, mediocridad y deshonestidad en los gobiernos territoriales.
