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Fiscalía no logró probar que el joven hubiera concertado con una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes ni que tuviera acceso a información reservada para alertar operativos.

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Armenia absolvió a Sebastián Correa Obando, auxiliar regular de la Policía Nacional, quien era procesado por el delito de concierto para delinquir agravado en el marco de una investigación contra una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes en el municipio de Calarcá.

El sentido del fallo fue emitido tras culminar el juicio oral, en el que la Fiscalía no logró demostrar, más allá de toda duda razonable, que el acusado hubiera concertado con la organización criminal ni que hubiera realizado aportes concretos para favorecer sus actividades ilícitas.

Los hechos por los que fue investigado el auxiliar

La investigación se originó el 31 de agosto de 2021, luego de que una fuente no formal informara sobre la existencia de una estructura delincuencial que operaba en el barrio Valencia de Calarcá, presuntamente liderada por alias “Tito Viejo” o “Cabezón”. Según la Fiscalía, el grupo utilizaba como punto de almacenamiento un inmueble ubicado en el barrio Laureles, residencia de la madre del hoy procesado.

La acusación sostenía que Correa Obando, quien para la época prestaba servicio militar como auxiliar regular de la Policía, habría alertado a su madre sobre posibles operativos o allanamientos, con el fin de que retiraran sustancias estupefacientes del inmueble.

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Por estos hechos fue acusado formalmente el 22 de julio de 2024 por concierto para delinquir agravado, delito contemplado en el artículo 340 del Código Penal.

Argumentos de la Fiscalía y la defensa

Durante el juicio, la Fiscalía presentó interceptaciones telefónicas, análisis de correlación de llamadas y testimonios de investigadores. Sin embargo, en el desarrollo probatorio se estableció que no existían comunicaciones del acusado con otros presuntos integrantes de la organización.

Así mismo, que las llamadas registradas correspondían exclusivamente a comunicaciones con su madre. Ningún audio evidenció acuerdos delictivos, coordinación de actividades criminales ni uso comprobado de lenguaje cifrado vinculado al tráfico de estupefacientes.

El analista de comunicaciones reconoció que no existían conversaciones directas entre el procesado y los líderes de la estructura.

La defensa, por su parte, acreditó mediante testimonios y documentos oficiales que el auxiliar regular no tenía acceso a información reservada ni a canales de inteligencia que le permitieran conocer con anticipación operativos policiales.

También se demostró que su función era exclusivamente de vigilancia y custodia, sin injerencia en labores investigativas. Incluso, el comandante de estación certificó que los auxiliares no tenían acceso a información confidencial ni participaban en planeación de allanamientos.

En firme fallo absolutorio

El despacho concluyó que no se probó el elemento esencial del delito de concierto para delinquir como lo es el acuerdo de voluntades con vocación de permanencia para cometer delitos.

Así mismo, la jueza argumentó que no se acreditó participación estructural del acusado dentro de la organización. No hubo prueba de aporte concreto, asesoría o suministro de información privilegiada. Las actuaciones demostradas podían interpretarse como ayuda familiar tras la captura de un pariente, pero no como contribución criminal.

Lo anterior debido a que la única llamada vinculante con algún caso tendiente al microtráfico fue cuando capturaron a su primo y se centró en ser informativa y la búsqueda de un abogado, nada de lo que se pudiera relacionar con hechos delictivos.

Existieron contradicciones entre los investigadores sobre el supuesto acceso del acusado a información operativa. Con fundamento en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, el juzgado determinó que no se superó el estándar de conocimiento más allá de duda razonable, por lo que debía aplicarse el principio de presunción de inocencia.

En consecuencia, la jueza resolvió absolver a Sebastián Correa Obando del delito de concierto para delinquir agravado. La decisión fue notificada en estrados y contra ella proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales debían interponerse en el mismo acto procesal.

Sin embargo, al no presentarse recursos en la audiencia, la sentencia quedó en firme.