Opinión / JUN 30 2020

Cadena perpetua con asuntos pendientes

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Aunque el acto legislativo que establece la cadena perpetua en Colombia fue aprobado en el Congreso, aún faltan etapas vitales para que entre en vigencia; inicialmente se debe establecer una ley reguladora de la medida, para tal propósito el gobierno central dispone de un año para la misma, el presidente podrá objetar uno o varios artículos de la naciente norma, si así lo considera, o en su defecto sancionarla, y posteriormente la Corte Constitucional se ocupará del estudio de constitucionalidad para que se convierta en norma. Es por eso que resultó incomprensible la petición de cadena perpetua para los 7 militares sindicados de acceso carnal a la niña indígena de 12 años, por parte del presidente Iván Duque, en especial porque es abogado y él debe saber que la medida aún no es una ley; es decir no existe todavía. Pero al margen de este hecho anecdótico, y con la evidente polarización que esta medida ha desatado entre reconocidos abogados penalistas y expertos en estos temas; es claro que, se requiere el endurecimiento de las penas, pero con la certeza jurídica de una mayor efectividad, ante todo para delitos sexuales y homicidios de menores; y para otros punibles como el secuestro, la extorsión, terrorismo, genocidio, y hasta para la corrupción administrativa. 

Éste, sin lugar a dudas es un gran paso en la consolidación del código penal colombiano, pues si miramos la ley 906 del 2004 que trajo consigo el sistema penal acusatorio, es evidente que cambió significativamente el servicio de administración de justicia en sus procedimientos internos y externos, en su planeación, organización, coordinación y dinámica dentro de una estructura multidimensional; con audiencias, juici os y litigios donde la oralidad es la gran protagonista. A pesar de los avances tecnológicos y de la puesta en escena de jueces de control de garantías, del principio de oportunidad, con la posibilidad de acuerdos y preacuerdos, entre otros beneficios; la impunidad en la mayoría de delitos es preocupante, pues es cercana al 90 % inclusive en delitos de agresión sexual y asesinatos a menores. Tal vez por eso, quienes desprecian las normas ven atractivo delinquir, pues si llegan a ser capturados, pueden recibir grandes beneficios como la reducción de condena, que fácilmente se convierte en detención domiciliaria. A juicio de los expertos, esa flexibilidad jurídica ha sido motivador para el incremento desbordado de la criminalidad y en consecuencia para la mayoría de ciudadanos la justicia no es confiable, ni justa; lo que es supremamente grave, pues en un país social de derecho como el nuestro, el sistema judicial es fundamental como garante de los derechos y deberes ciudadanos refrendados en la constitución. En tal virtud la cadena perpetua debe venir acompañada de grandes reformas al sistema penitenciario y carcelario dentro de su estructura institucional, de tal modo que se enfoque en la reducción de la desigualdad social, en el tratamiento a los internos, para frenar la evidente corrupción carcelaria.

 

 

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