Coctelera / MAY 22 2020

Coctelera

En esta edición de la Coctelera encuentre: 'Por los lados de la Procuraduría', 'Por los lados de la Contraloría' y 'Por los lados de la Fiscalía'.

Por los lados de la Procuraduría

Esta entidad tiene en curso 68 procesos disciplinarios en 26 departamentos —incluido Quindío, que tiene uno en juicio disciplinario—, y 364 procesos disciplinarios en 272 alcaldías —10 procesos en 5 municipios quindianos—. También lleva a cabo 80 procesos disciplinarios en 61 entidades nacionales incluida la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Inpec, la Superintendencia Nacional de Salud, la Dirección Nacional de Bomberos, el ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el ministerio de Salud, el Departamento Nacional de Planeación, Finagro, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, el Fondo Nacional de Garantías, ICBF, Invías, 8 concejos, 3 personerías municipales, una comisaría y 29 hospitales. En Quindío hay acciones conjuntas con la Fiscalía General de la Nación.

Por los lados de la Contraloría

La Contraloría General de la República abrió un juicio de responsabilidad fiscal a dos oficiales de la Armada Nacional por un presunto sobrecosto del 100 % en la compra de un millón de tapabocas, Mientras en la Policía compraron tapabocas a $150 la unidad, el mismo artículo le valió a la Armada Nacional $1.500. Adicionalmente, la CGR abrió 40 nuevas indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en contratos para atender la pandemia, que involucran a 12 gobernaciones, 10 alcaldías, 4 entidades de salud y la Armada Nacional. Una de las acciones de la Contraloría, que más llama la atención, tiene que ver con un contrato entre la gobernación del Valle y Fenalco, para la adquisición de bonos de alimentos para atender población vulnerable y en el que se presumen sobrecostos por $452 millones.

Por los lados de la Fiscalía

Esta entidad anunció solicitud de medida de aseguramiento para 10 alcaldes —entre ellos los de Armenia y Calarcá— y que además imputará cargos a 32 funcionarios —varios de Armenia y Calarcá—, por posibles hechos de corrupción ocurridos durante la emergencia provocada por la COVID-19. La FGN confirmó la realización de 189 acciones investigativas, 393 inspecciones, y la emisión de 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país y la captura de los alcaldes de Guaduas y Palocabildo. El ente acusador dijo que se harán 23 imputaciones y se solicitarán medidas de aseguramiento contra intermediarios, contratistas y funcionarios, entre los cuales están Gabriela Valencia Vásquez, exdirectora del Departamento de Bienes y Suministros del municipio de Armenia; José Wínser Garzón Tobaría, secretario Administrativo del municipio de Calarcá, y Hernando Pérez Bedoya, quien figura como contratista del municipio de Armenia y representante legal de una empresa en la que también aparece el nombre del exasesor administrativo del alcalde de Armenia como participante en la junta de accionistas de esa compañía.

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