Editorial / MAY 22 2020

Otra pandemia

Para este mal, que ya infectó departamentos a los que el coronavirus todavía no ha podido llegar, tampoco hay vacuna, ni medicamento. 

A los departamentos de Vichada y Guaviare llegaron primero la Procuraduría y la Fiscalía que el coronavirus. Después de dos meses y medio de anunciarse el primer caso positivo de la pandemia en el país, solo tres territorios permanecen sin contagiados: Vichada, que no tiene pacientes pero ya la Fiscalía anunció indagaciones contra el gobernador; Guaviare, que se ha librado del patógeno pero no del ente acusador que ya investiga a su gobernador, ni de la Procuraduría General de la Nación que ya tiene tres procesos disciplinarios en fase de indagación; y Guainía. En Arauca hay un solo caso de COVID-19 pero hay tres casos en indagación por parte de la Fiscalía y una investigación por parte de la Procuraduría. 

Las declaraciones del fiscal, el contralor y el procurador, dan cuenta de una pandemia con una velocidad de propagación asombrosa, que ya infecto 26 gobernaciones y 272 alcaldías. Se violaron los principios generales de contratación pública, se han detectado sobrecostos, se han favorecido contratistas cuyos objetos no corresponden a las necesidades a contratar, y en el caso de Armenia se entregó un contrato a aportantes a la campaña política del hoy alcalde. Ya hay nueve alcaldes —uno ellos el de Calarcá— y un gobernador suspendidos. 

Con motivo de la emergencia provocada por la pandemia, se han contratado $4.1 billones —$3.1 billones en insumos médicos, elementos de bioseguridad y alimentos, y $1 billón en contratación de personal para prestación de servicios—, pero se han detectado sobrecostos por valor de $420.000 millones, plata que bien pudiera haber ido a los hospitales para mejorar las unidades de cuidados intensivos o para subsidiar una de tantas afugias que tienen los colombianos por cuenta de la pandemia. 

Sin completar seis meses de gobierno y tanto en alcaldías como en gobernaciones se han cometido todas las faltas posibles en materia de contratación. Han entregado contratos a los amigos o para pagar deudas a patrocinadores de campaña, se han celebrado contratos con empresas recién creadas o cuyos objetos estaban lejos del servicio a contratar, se han violado los principios de publicidad y no se han publicado en el Secop muchos de los contratos celebrados.

Ahora, el alcalde de Armenia tendrá que explicarle a la Fiscalía y a un juez de la República el porqué de sus actuaciones. Tremendo golpe para una ciudad que quiere salir adelante pero se encuentra en el camino duras pruebas como la desconfianza en el poder ejecutivo. Cualquiera sea el resultado del proceso que ahora debe afrontar José Manuel Ríos Morales, y si sale bien librado del mismo, deberá caminar sobre una cicatriz de dudas el resto de su mandato y cada paso dado sugerirá una dosis de desconfianza.

Y una vez superados los tribunales, si así sucede, no solo las 29.000 personas que votaron para que él fuera alcalde, sino los 300.000 armenios, esperan la más completa explicación de José Manuel Ríos Morales, pero refrendada con hechos como una purga completa en el CAM y que rompa públicamente cualquier cadena que lo ate a un padrino, patrocinador o mentor, si quiere seguir gobernando.

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