Ciencia y Tecnologí­a / OCTUBRE 04 DE 2020 / 1 mes antes

Colombia, un país con varias pandemias

Autor : Diego Arias Serna

Colombia, un país con varias pandemias

Los gobiernos corruptos son expertos en ‘enmascarar’ las realidades de sus países. En Colombia, por ejemplo, la ley 100 fue la génesis de la gran pandemia de la salud.

“La única manera de que salgamos de la violencia es mediante la negociación y el diálogo”: Campo Elías Galindo, docente de la Universidad de Antioquia, asesinado el jueves 1 de octubre. 

Nuestro país es único: se dice que tiene la democracia más antigua de Latinoamérica, su gente vive muy feliz, la comida se pierde en el campo y mucha gente pasa hambre tanto en la ciudad como en la zona rural. Aunque la desigualdad social es de las más grandes de la región, por “obra y gracia de los tecnócratas del gobierno” la clase media se incrementa, la calidad de la educación, según dicen, mejora cada año, aunque contrariamente en las pruebas internacionales disputa los últimos lugares con otros países, como lo indica la evaluación Pisa.

Además, Colombia se da el lujo de tener varias pandemias: la corrupción de los gobernantes, que compite con la del atraco callejero, así como la de la violencia de todos los matices, que va desde el color que pinta la violencia familiar, hasta el que mancilla el Estado. A las anteriores se suma la que tiene relación con la explotación minera de bandas ilegales, que contamina igual que las grandes empresas que tienen “patente de corso” de los gobernantes. Y como si esas fueran pocas, llega también la COVID-19 a sumársele al asesinato de líderes sociales. Lo cual hace de la pandemia un mal mayor. 

A diferencia del daño del coronavirus que infecta a todos, sin importar que sean pobres, ricos, con poder político, que ocupen altos cargos públicos, etc., el ‘virus’ que está atacando a los líderes sociales sí es selectivo. El tiro de gracia es bien dirigido, y todos los días se asesinan personas que luchan por un país mejor. El jueves pasado segaron la vida del profesor de la universidad de Antioquia, Campo Elías Galindo. Es otro caso que demuestra la negligencia del gobierno para defender la vida de los colombianos. 

¿Por qué los líderes sociales están siendo sistemáticamente asesinados? En parte, esta pregunta la contesta el politólogo Ariel Ávila, en su libro ¿Por qué los matan?,  publicado en agosto pasado por la editorial Planeta. 

El autor es profesor de la Universidad Externado de Colombia, columnista de la revista Semana y del periódico El País de España. Además, es subdirector académico de la Fundación Paz y Reconciliación. 

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¿Quién está matando a los líderes sociales? 

En la contraportada explica: “Este libro intenta responder 3 preguntas centrales: ¿Quién está matando a los líderes sociales? ¿Por qué los están matando? Y ¿Qué pasa en las zonas donde han asesinado líderes sociales? Para resolverlas realizamos un análisis profundo del banco de datos de la Defensoría del Pueblo, de la ONG Somos Defensores y de Naciones Unidas. Además, hicimos entrevistas y analizamos decenas de informes oficiales y de organizaciones sociales. El resultado es dramático: en Colombia, cada 2 días asesinan un líder social”. 

Ávila también manifiesta que se asesinan líderes que hacen control político y fiscal; los matan para evitar que reclamen verdad o tierra; incluso, las disputas entre compañeros de Juntas de Acción Comunal son arregladas con violencia. Resalta que cada crimen representa una herida para la democracia, la cual desaparece en lo local y regional en favor de modelos autoritarios de gobierno. 

El documento cubre varios temas íntimamente conectados. Primero enseña cómo la democracia está manchada de sangre en Colombia; luego explica la violencia como mecanismo de competencia electoral. A continuación, se pregunta: ¿Qué hace el Estado? Y se responde desde el análisis de los 2 periodos presidenciales de Juan Manuel Santos, y lo que va del gobierno de Iván Duque; sigue explicando la relación entre autoritarismos competitivos y Estados mafiosos de facto. 

Enseña que a pesar de que las zonas críticas donde se está segando la vida de defensores de derechos humanos coincide con regiones en disputa por estructuras criminales, la razón de esas muertes no se puede reducir al mero accionar de grupos al margen de la ley, tal como quieren hacerlo ver altos funcionarios del gobierno nacional. El problema de fondo radica en que son personas que le apostaron a la defensa de la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc.

 

Los asesinatos suceden en la Colombia olvidada

Esos acuerdos impulsaron procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, defendieron territorios colectivos y zonas de gran interés ambiental, además reivindicaron la participación de comunidades rezagadas del amparo institucional. Un caso que resalta Ávila es el asesinato de Marco Rivadeneira, un líder agrario que fungía como presidente de una asociación campesina en Puerto Asís, Putumayo, quien lideraba un proceso de sustitución de cultivos de su vereda. Por eso lo secuestraron y lo mataron a tiros.

Luego, algunos campesinos encontraron su cuerpo, lo cubrieron con una sábana y durante varias horas lo velaron sobre una mesa. Más tarde, impotente, su entorno social le rindió un sentido homenaje. Este suceso, que se presentó en la Colombia olvidada, fue ignorado por el país que tiene comodidades y son inmunes a la violencia. El hecho luctuoso, asimismo, indicó que no hubo autoridad gubernamental que ejerciera control de la zona.

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Por eso, el autor del libro señaló: “También vale la pena resaltar que no hay una fuerza pública en ejercicio del control territorial efectivo, muestra las falencias de la militarización territorial en zonas como el Catatumbo y Norte del Cauca, donde se han desplegado contingentes militares tecnificados bajo la pretensión de la estabilización del orden y el imperio de la ley. La militarización territorial no ha significado un aumento en la garantía de los derechos a la protección y la vida de quienes ejercen algún liderazgo social”. 

 

Defensores de derechos humanos, victimizados

Finalizando noviembre e iniciando diciembre de 2018, estuvo en Colombia Michel Forst, relator especial para defensores de derechos humanos de Naciones Unidas. Durante su estadía encontró que este es tal vez el país donde estas personas viven con más zozobra, incluso por encima de naciones que están en guerra. Por eso en el portal web de esa organización se difundió la siguiente afirmación suya: “Los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia están operando en un entorno coercitivo e inseguro”. 

Usando lo dicho por Forst, el académico Ariel Ávila concluye: “Por un lado, la victimización y los riesgos en materia de seguridad no solo provienen de actores ilegales. Tal vez la mayor preocupación se refiere a agentes institucionales. Las lógicas del enemigo interno, la estigmatización o acusaciones por parte de agentes estatales son unos de los principales riesgos”. 

Así que Colombia debe replantear su funcionamiento, pensando en una sociedad más justa, defensora de las leyes y convencida de que la paz es el único camino que permite salir del atraso y sanar heridas. 



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