Ciencia y Tecnologí­a / MAYO 16 DE 2021 / 6 meses antes

Están ‘asesinando’ la protesta

Autor : Diego Arias Serna

Están ‘asesinando’  la protesta

“La pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Erradicar la pobreza es un acto de justicia”: Nelson Mandela.

El 9 de mayo se presentaron algunos hechos históricos que enseñan cómo se ha masacrado a quienes han levantado su voz de protesta ante los atropellos de gobiernos que no han velado por el bienestar de los más desfavorecidos, y más bien han defendido los intereses de unos pocos. Hacemos conexión con el artículo del domingo pasado, retomándose el hilo de la historia para presentar algunos aspectos de lo sucedido en el mandato de Alfonso López Michelsen —1974-1978—, durante el cual se vivieron las mayores protestas populares en la segunda mitad del siglo XX. 

Para muchos colombianos de la época, la llegada al poder de ‘El pollo’, como era conocido López Michelsen, generaba buenas expectativas en cuanto a cambios favorables para los menos favorecidos, pues había fundado el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, desde el cual había criticado como decadente y antidemocrático al Frente Nacional. Su ambición de poder lo llevó a retornar a las toldas del partido liberal, para acceder a la Casa de Nariño. Durante su “Mandato Claro”, como se conoció su periodo presidencial, el país vivió una oleada de paros cívicos a lo largo y ancho de la geografía.

Citemos a Mauricio Archila Neira, profesor de la universidad Nacional e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, quien acerca de esos sucesos escribió: “El paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977, un ejercicio de memoria colectiva”, publicado en la Revista de Economía Institucional, julio/diciembre 2016 en el que se subraya: “La opinión pública nacional parece haber olvidado que hace varias décadas, un miércoles 14 de septiembre, el país prácticamente se paralizó”. 

Recordó que “los años del “Mandato Claro” presenciaron un conjunto de huelgas que se destacaron no solo por el número de participantes sino porque paralizaron actividades cruciales de la economía o concitaron solidaridad. Nos referimos a las de los cementeros, los bancarios, los médicos del Seguro Social, los petroleros, los trabajadores del Ingenio Riopaila, de Indupalma y de Vanitex - una huelga predominantemente femenina-, para sólo mencionar las más sobresalientes. El magisterio merece alguna consideración adicional, pues recurrió frecuentemente al paro y fue el sector que más huelguistas aportó”.

Trajo a colación que “(…) muy cerca de ellos estuvieron los estudiantes universitarios y de secundaria por parejo. Estos vieron el deterioro de la educación y que las promesas de reformar las universidades públicas - incluso con “experimentos marxistas” como el de Luis Carlos Pérez en la Universidad Nacional- se derrumbaron rápidamente (…)” ¿De qué sirvieron esas luchas? ¿Por qué se sigue luchando por asuntos similares?  

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Mucho poder concentrado

Otro aspecto que está en juego en la gran problemática del país, tiene que ver con la destrucción del legado de Montesquieu (1689-1755), filósofo y jurista francés, hijo de la Ilustración, que convivió con la monarquía. Al conocer que el monarca concentraba todo el poder escribió en 1748 el texto: “El espíritu de las leyes”, en el que plantea una nueva división del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Consideró los tres poderes separados en tres ramas independientes, en la que ninguno de ellos influyera sobre el resto; que fuese tres áreas de responsabilidad distintas. 

Él vivió la Francia de Luis XV, quien gobernaba con despotismo, y su poder descansaba sobre el temor de los súbditos. Infortunadamente, en Colombia las tres ramas son controladas por el ejecutivo, convirtiéndose en una especie de ‘monarca’, lo cual es más grave aún, cuando también tiene injerencia en otras instancias como la Defensoría Nacional del Pueblo, el ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral, por citar sólo algunos. Y lo que sucede en el ámbito nacional, igualmente ocurre en los departamentos y municipios. No dejó cabo suelto para controlarlo todo. 

Tanto abuso en buena parte se debe al control desmedido que ejerce sobre el Congreso, la justicia, y entes de control. En un sistema de gobierno funcionando así, fácilmente el presidente se convierte en un déspota y cuando en el país hay desigualdad social e injusticias, obviamente se originan protestas, además, si estas se reprimen con violencia, se da una realimentación negativa que va agudizando el conflicto, como está sucediendo a la largo y ancho de la geografía colombiana.

El saldo es aterrador: decenas de asesinatos, centenas de heridos y desaparecidos, principalmente jóvenes que están reclamando un futuro mejor. Citando un solo ejemplo reciente, el 13 de mayo en Popayán una menor de edad se suicidó, luego de denunciar que agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, la habrían violentado sexualmente. La víctima, al parecer, era hija de un miembro activo de la Policía Nacional. Por la cantidad de asesinatos y de heridos, el Gobierno fue demandado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. 

Además,​ la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó permiso para visitar el país, después de denuncias por violaciones a los derechos humanos, es decir, a las protestas - la mayoría pacíficas - le han dado un “tratamiento de guerra contra las manifestaciones”, como lo  denunció la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías. Argumentos en contra de las autoridades estatales, son muchos, y es cierto que la desigualdad actual no surgió en este gobierno, ni es obra de la pandemia, sino que ha venido creciendo desde anteriores administraciones.

Pobres cada vez más pobres

La reforma tributaria, que amenazaba aumentar la pobreza, así como la reforma a las pensiones que se avecina, incrementaría la miseria. Asimismo, se plantea una reforma a la salud, queriendo pauperizar, aún más - un derecho fundamental - están azuzando la protesta. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, a mediados de 2019 reportó los datos de pobreza del país. Usó dos conceptos: la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria.

La primera evalúa las necesidades básicas de los ciudadanos, según condiciones educativas, laborales, de juventud y niñez, de salud, y de vivienda al igual que de servicios públicos. La segunda, tiene en cuenta la estructura de consumo de los hogares, que el dicho organismo mide con las encuestas de ingresos y gastos, y de presupuesto. La información es relacionada con la de una canasta básica de bienes, tanto de alimentos como los que no lo son, y desde allí se establece la línea de pobreza.

Vemos las cifras: a la fecha del reporte había 9,69 millones de colombianos en pobreza multidimensional. La pobreza monetaria, para el 2018, la entidad la calculó en 13,07 millones de colombianos. Según la misma institución, esa segunda metodología de medir la pobreza sitúa un ingreso mensual de $257.433, por debajo del cual está la pobreza monetaria. ¿Qué se compra con ese dinero? ¿Y cuánto nos cuesta un parlamentario? Agréguele los sueldos de tanto burócrata que funge de asesor, y de la cantidad de entidades que crecen como la mala hierba. ¿Podrá el Gobierno continuar con ese sistema paquidérmico?


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