Ciudad / OCTUBRE 19 DE 2020 / 3 meses antes

Contraloría advierte de fallas en la supervisión del contrato de alumbrado público

Autor : Carlos W. López R.

Contraloría advierte de fallas en la supervisión del contrato de alumbrado público

Alertas tempranas del organismo de control para que en la actual administración no se cometan los mismos errores que en vigencias pasadas. 

 

En el marco de un informe rendido ante el concejo de Armenia, la Contraloría municipal de Armenia trajo a colación 3 temas que siguen siendo investigados por las presuntas irregularidades cometidas por los alcaldes pasados y que, a juicio del ente de control, están afectando el patrimonio del municipio, son ellos: la concesión del alumbrado público, el suministro de combustible y el presupuesto participativo. 

Según Isabel Cristina Carvajal Ramos, contralora municipal, a raíz de las denuncias ciudadanas se tiene nuevos elementos en la investigación y en algunos casos ya se han presentado hallazgos de tipo fiscal, sin embargo, lo que se busca es que al gobierno actual, en cabeza de José Manuel Ríos Morales, le sirva como alerta temprana y como insumo para la toma de decisiones en procura de defender los intereses de los armenios. 

Recordó que, en 2014, cuando se entregó la concesión ni siquiera se analizó el flujo financiero del oferente ganador por ser el único que se presentó a licitación pública. “Como era único oferente, consideraron que no tenían necesidad de hacerlo, cuando en realidad sí era importante analizar y más porque era una concesión que iba a 20 años”. 

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Hallazgos en la concesión de alumbrado público

Con base en las denuncias instauradas en el cabildo abierto realizado el 6 de noviembre de 2019, la Contraloría adelantó una investigación en relación con el contrato 001 del 30 de diciembre de 2014 que firmó el gobierno municipal de la exalcaldesa —actualmente convicta— Luz Piedad Valencia Franco.  

Los resulatados del seguimiento son 4 hallazgos fiscales que ya fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la misma Contraloría y a la Procuraduría. Según lo expuesto, en todos se advierte de la falta de supervisión por parte de la administración y de inconsistencias en los datos suministrados. 

El equipo auditor, a manera de contexto, recordó que en 2014 el municipio pagó un estudio para saber cuál era la mejor alternativa para la administración y operación del sistema de alumbrado público, dicho estudio, presentado en octubre de ese año, arrojó 3 alternativas, de las cuales fue escogida el entregarlo a un privado, teniendo en cuenta que en ese momento EPA no tenía la suficiencia financiera para seguir con la prestación del municipio y porque el municipio no tenía la experiencia pertinente.  

Se creía que un tercero —privado— era una mejor opción porque podía hacer adelantar una inversión en corto plazo para modernizar y expandir el alumbrado público, sin embargo, los hallazgos presuntamente demuestran que estos principios, plasmados en el pliego de condiciones no se cumplieron a cabalidad.  

 El 30 de diciembre de 2014, a través de una licitación pública el contrato 001 de 2014 es adjudicado a la firma ICM, de Barranquilla, con el fin de adelantar la administración, operación, mantenimiento, modernización y expansión del alumbrado público por un término de 20 años. La concesión se hizo por $9.087 millones con 18 obligaciones específicas en el pliego de condiciones y 3 generales. 

“Entre las generales se encontraba la ‘Modernización prioritaria del sistema consistente reemplazar en un periodo de 6 meses 3.893 luminarias de sodio existentes de 250 vatios por tecnología led’. Sin embargo, no se cumplió. El 10 de noviembre de 2016, pero el contratista emitió una propuesta transaccional y posteriormente se finalizó el proceso de incumplimiento. El hallazgo fiscal aquí es denominado ‘remuneración sin cumplimiento de la meta modernización prioritaria’, hallazgo administrativo con posible incidencia fiscal por $318 millones”, explicó la representante del organismo de control.

 Es decir, según la investigación, aunque el pliego de condiciones establecía que se solo se debía pagar a partir de que se cumpliera la meta, el municipio le pagó al contratista sin tener lista toda la modernización prioritaria. 

“El 19 de enero 2017 se firmó un acta por parte del interventor y por parte del contratista, pero sin funcionarios del municipio y en febrero se les canceló cuando no había terminado la modernización prioritaria”, dijo la líder del proceso auditor quien agregó que ni siquiera se encontraron informes de supervisión al contrato de interventoría. 

 El segundo hallazgo es idéntico y tiene que ver con la meta de expansión prioritaria del alumbrado público, ya que se suponía que el contratista tenía un plazo de 2 años —contados a partir de 2015— para instalar 600 luminarias, lo cual apenas se dio por terminado el 2 de septiembre de 2019.  

 “No obstante, el municipio empezó a realizar los pagos en junio de 2017 sin que se hubiera dado cabal cumplimiento de la obligación, con solo 374 luminarias instaladas. Desde ese momento se realizaron 27 pagos por un total de $285 millones que no debieron haberse pagado, ya que el pliego exigía, primero haber cumplido con toda la expansión”. 

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Igual que en el caso anterior, la Contraloría municipal evidenció fallas en la supervisión técnica, operativa y financiera por parte de la interventoría y no encontró informes control y seguimiento del proceso elaborados por parte del municipio.  

El tercer hallazgo tiene que ver con presuntas inconsistencias con la liquidación del pago de la administración, operación y modernización del alumbrado público ya que no se tuvo en cuenta la modulación matemática que establecía la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg. 

“Encontramos que 3 de los ítems no habían sido actualizados a precios corrientes, lo cual generó una concesión en exceso”. 

El cuarto hallazgo hace referencia a inconsistencias en los datos de la alcaldía y la interventoría en relación con los ingresos y egresos de la concesión.  

“La Contraloría quería conocer el tratamiento de los excedentes —dinero—, los cuales deben ser empleados en la expansión y modernización del mismo sistema o en la ornamentación navideña, sin embargo, en lo que tiene que ver con el periodo 2016-2019 se hallaron diferencias sustanciales entre la información suministrada por el municipio y las suministradas por la interventoría”, dijo.

“Por ejemplo, en los pagos reportados a la concesión, en los años 2018 y 2019 se encontraron diferencias por más de $1.000 millones. Situación en similar ocurrió con la información correspondiente al pago por consumo de energía, una diferencia de $726 millones en 2018”. 

Según la Contraloría, el municipio tampoco hizo el control a los excedentes y para los años 2018 y 2019, estos no se adicionaron al presupuesto con los recursos del balance, lo cual violó el principio de anualidad que debe cumplir la administración municipal.

Es de resaltar que estos hallazgos siguen en proceso de investigación y que aún los funcionarios tienen el derecho de ejercer su defensa para explicar cada una de las situaciones expuestas.

Espere este martes el informe relacionado con los hallazgos en materia de suministro de combustible a los vehículos de la alcadía y sobre el presupuesto participativo que le deben a las comunas.

 



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