Judicial / MARZO 18 DE 2021 / 4 meses antes

3 alcaldes continúan encartados por aparentes irregularidades en contratación durante y para atender la pandemia

Autor : David Salazar

3 alcaldes continúan encartados por aparentes irregularidades en contratación durante y para atender la pandemia

Alcaldes: José Manuel Ríos Morales, Armenia; Luis Alberto Balsero Contreras, Calarcá; y Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo, Montenegro.

En contra de José Manuel Ríos Morales, alcalde de Armenia; Luis Alberto Balsero Contreras, alcalde de Calarcá, la Fiscalía radicó los escritos de acusación. Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo, alcalde de Montenegro, es indagado por la Procuraduría. 
 

Tras un año de la llegada del  nuevo coronavirus  al Quindío, 3 alcaldes del departamento siguen sin aclarar su situación ante las autoridades que, en su momento, los señalaron como responsables de aparentes actos de corrupción. Situación similar ocurre con una exfuncionaria de la alcaldía de Armenia y con un empleado de la alcaldía de Calarcá. 

El caso Armenia

La Fiscalía General de la Nación, FGN, radicó ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, el escrito de acusación en contra del alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos Morales.

En el documento que asocia las pruebas del ente investigador penal, se desestimaron 2 delitos que le fueron imputados al burgomaestre de la 'Ciudad Milagro', concluyendo en la investigación, solo de 2 supuestas acciones al margen de la ley atribuidas al funcionario en calidad de autor. 

Ríos Morales no fue objeto de indagación de peculado e interés indebido en la celebración de contratos, disminuyendo así a 2 hechos la investigación, los cuales son: celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. 

De este proceso, el despacho judicial no ha dado a conocer la fecha de la audiencia de acusación, donde el actual mandatario quedaría formalmente acusado y la Fiscalía no podrá adjuntar más pruebas al caso, las cuales serán usadas en la audiencia de juicio oral. 

Acerca de la investigación, el abogado defensor del primer mandatario de los armenios, Jorge Mario Bolívar, expresó: “Desde la audiencia de segunda instancia —donde no dictaron ninguna medida de aseguramiento a Ríos Morales— no se han programado nuevas fechas. La Fiscalía de Bogotá asumió el asunto, luego de que fuera manejado por un delegado adscrito a la seccional Risaralda en designación especial, y presentó el escrito de acusación por 2 de las 4 conductas inicialmente señaladas en la imputación del año pasado”. 

Sobre el caso, el cual también es indagado por la Procuraduría General de la Nación, PGN, el profesional del Derecho respondió: “Por Procuraduría no hay nuevas actuaciones, de hecho, particularmente, luego de la suspensión del cargo y las decisiones que se tomarán para el reintegro, no se ha generado una nueva actuación”. 

Ríos Morales es investigado por presuntos delitos cometidos en la celebración del contrato 002 del 2020 con la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales SAS., suscrito entre la directora del departamento administrativo de Bienes y Suministros de la alcaldía de Armenia, -para la época de los hechos- Gabriela Valencia Vásquez, y la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales, por un valor de $350.000.000.   

“El material probatorio demostraría que algunos socios de la citada empresa habrían donado dinero a la campaña política del alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos Morales”, expresó el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado hace cerca de un año.  

Además, el órgano de control investiga supuestos sobrecostos y eventuales irregularidades en los estudios de mercados de los contratos 01, por $500.000.000; 02, por $350.000.000; 03, por $300.000.000, y 04, por $442.340.500. Así mismo, una supuesta falta de capacidad jurídica y experiencia para la ejecución de los contratos.   

Sobre el proceso de Valencia Vásquez, se conoció que la investigación es adelantada por la Fiscalía 20 Seccional contra delitos de administración pública y corrupción, que ya radicó el escrito de acusación en contra de la exfuncionaria ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia. 

En el caso de la ciudadana, el ente investigador penal desistió de indagarla por una supuesta argumentación de la falsedad en su actuar como trabajadora del Estado. 

El despacho judicial no ha agendado la fecha para la audiencia de formulación de acusación. Cabe señalar que no hay vencimiento de términos, toda vez que los escritos fueron radicados y no hay capturados por estos hechos. 

“Apenas radicaron el escrito de acusación, está pendiente la audiencia de formulación de acusación, para que empiece la etapa de juicio, pero, como tal, esta no ha comenzado”, manifestó Sandra Urrea, abogada defensora de Valencia Vásquez. 

También se conoció que, en el caso de la Procuraduría, la exfuncionaria está bajo indagación preliminar. 

Recomendado: 3 días de arresto al actual alcalde de Quimbaya por incidente de desacato contra el municipio

El caso Calarcá  

Ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Conocimiento de Calarcá, fue presentado el escrito de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, FGN, en contra de Luis Alberto Balsero Contreras, alcalde de la Villa del Cacique y quien actualmente es secretario de Hacienda en esa municipalidad, José Winser Garzón Tobaría. Para la audiencia de acusación no hay fecha agendada por parte de este despacho.

Ante la Procuraduría General de la Nación, PGN, está el caso de la supuesta corrupción en la etapa de indagación preliminar, así lo dieron a conocer los abogados Juan Sebastián Henao Garzón y Juan Carlos Alfaro. 

Los funcionarios son investigados por un contrato de urgencia manifiesta que, al parecer, se suscribió sin la autorización de Abelardo de Jesús Echeverry, representante legal del supermercado El Progreso, pues Echeverry manifiesta que firmó un contrato, el 005, por $15 millones, y que existe otro por $396 millones con el mismo objeto, pero que él no firmó.  

De igual manera, la Procuraduría tiene en etapa de indagación preliminar a Balsero Contreras y a Garzón Tobaría por presuntas irregularidades al contratar directamente el servicio de vigilancia durante la emergencia sanitaria. 

El ente de control investiga si el contrato de prestación de servicios de vigilancia 223 se suscribió bajo alguna circunstancia excepcional contemplada en la normativa vigente para declarar la urgencia manifiesta, pues este mecanismo solo procede para la adquisición de bienes y servicios para evitar o mitigar el impacto de una emergencia. 

Montenegro  

En el caso del alcalde de Montenegro, Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo, sobre la indagación preliminar que abrió la Procuraduría General de la Nación, PGN, en su contra por un contrato de transporte escolar público, el cual llevaría a los estudiantes de la localidad de sus casas a las instituciones educativas y que estuvo vigente durante el tiempo de aislamiento preventivo obligatorio, el burgomaestre respondió: “Creo que el caso lo cerraron, porque nunca hubo ejecución de recursos, no se le pagó un peso al contratista”.

Además, el 22 de agosto del año pasado, el burgomaestre aseguró que el contrato iba a ser cancelado, toda vez que la decisión de la secretaría de Educación departamental decretó la educación virtual en la región hasta finalizar el calendario educativo del 2020. 

Pero otra fue la respuesta desde la Procuraduría General de la Nación, PGN, donde informaron que “el proceso se encuentra activo, en etapa de indagación preliminar”. Desde la autoridad no dieron a conocer si hubo traslado de copias de lo actuado a la Fiscalía General de la Nación, FGN, para la apertura de una investigación penal. 

El caso de Restrepo Izquierdo tiene que ver con el contrato de prestación de servicios No. 003 de 2020, celebrado entre el municipio de Montenegro y TransEspeciales Botero S.A.S., el cual tiene como objeto, “la prestación del servicio de transporte terrestre automotor escolar a los estudiantes de básica secundaria que habitan en el área rural y deben desplazarse a las instituciones educativas Santa María Goretti, Marco Fidel Suárez, Jesús Maestro, Instituto Montenegro, General Santander, Los Fundadores de la zona urbana de Montenegro donde están matriculados, ya que en el área rural solo se cuenta con la modalidad de básica primaria”, avalado con un certificado de disponibilidad presupuestal de $341.496.000, el cual estuvo vigente durante la época del confinamiento. 

 

 




COMENTA ESTE ARTÍCULO

En cronicadelquindio.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc. Lo que no está permitido es insultar o escribir palabras ofensivas o soeces, si lo hace, su comentario será rechazado por el sistema o será eliminado por el administrador.

copy
© todos los derechos reservados
Powered by: Rhiss.net