Judicial / AGOSTO 02 DE 2022 / 1 semana antes

Cárcel a 5 personas señaladas de integrar un grupo de extorsión en Quindío

Autor : David Salazar

Cárcel a 5 personas señaladas de integrar un grupo de extorsión en Quindío

Ninguno de los implicados aceptó los cargos.

Un fiscal especializado, en articulación con el Gaula de la Policía, logró que un juez de control de garantías privara de la libertad en la cárcel a 5 personas que habrían extorsionado a varias personas en el Quindío. 

Se trata de Jhon Alejandro Medina Arcila, alias ‘Flaco’; Brayan Valderrama Torres, alias ‘Brayan’; Miguel Leonardo Castellanos León, alias ‘Mechas’; Álvaro Javier Payares Agamez, alias ‘Trompas’ y

Johana Shirley Ardila Sandoval, alias ‘Shirley’. 
Estos fueron imputados, según su presunta participación, en delitos como concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y enriquecimiento ilícito de particulares. 

La investigación 

Labores de Policía Judicial permitieron determinar que, al parecer, los procesados identificaban a sus víctimas y creaban en redes sociales falsos perfiles de familiares que residieran en el exterior.

Usando dichas cuentas, al parecer, enviaban mensajes para crear confianza con las futuras víctimas. 

Se presume que los implicados les solicitaban a las víctimas que recibiera una encomienda con unos regalos que venían de diferentes lugares del país o del exterior.

Luego un supuesto funcionario de una empresa comercial de carga ubicaba a los familiares en Colombia indicando que la referida encomienda vendría con sobrepeso, por lo cual era necesario cancelar el sobrecosto por el referido envío. 

Asimismo, realizaban llamadas posteriormente en las que suplantarían a oficiales de Policía o a funcionarios de aduanas y afirmaban que en la mencionada encomienda habrían encontrado dinero, joyas o mercancía; y para evitar una supuesta judicialización por delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito o evasión de impuestos tendrían que consignar una fuerte suma de dinero. 

Por hechos como estos a las personas judicializadas se les atribuyen delitos por las que habrían obtenido más de $33 millones de parte de las víctimas.


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