Autor : David Salazar
Lina Janeth Pino Sánchez. / John Édgar Pérez Rojas, ‘Perea’, actual congresista.
La exfuncionaria de la alcaldía no aceptó la imputación por el delito de constreñimiento al elector que da entre 4 a 9 años de prisión.
Lina Janeth Pino Sánchez, exfuncionaria de la alcaldía de Armenia, fue imputada ayer por la Fiscalía General de la Nación, FGN, que aseguró que la ciudadana usó una sala del cuarto piso del Centro Administrativo Municipal, CAM, de la capital quindiana, para reunirse con los bomberos, que habría constreñido.
De acuerdo con lo manifestado por el ente perseguidor penal, la exfuncionaria citó a contratistas de la administración municipal y a unidades del Cuerpo de Bomberos Oficiales de la capital quindiana a la reunión enseguida de las oficinas de las Empresas de Desarrollo Urbano de Armenia, Edua.
Allí solicitó a los presentes, algunos que descansaban después de servir en su turno como socorristas en la ciudad, que dejaran guardados sus celulares para que no grabaran lo que se iba a conversar allí.
La Fiscalía relató ayer en las audiencias de formulación de imputación que Pino Sánchez habría solicitado consolidar un músculo electoral a favor del entonces candidato a la cámara de representantes por el Quindío -2022- John Édgar Pérez Rojas.
Las autoridades creen que allí la entonces funcionaria les manifestó a los presentes que era muy necesario que el candidato del partido Cambio Radical ganara o, de lo contrario, podrían perder sus empleos y no habría renovación de los contratos de prestación de servicios.
Fue la Fiscalía 20 Seccional contra delitos de Administración Pública de Armenia la que formuló imputación.
La Fiscalía señaló que Pino Sánchez les decía a los funcionarios y contratistas que ella era la segunda al mando en la administración municipal y que era ella la que otorgaba los contratos. Les decía a los bomberos que debían recolectar en una lista los nombres de 10 a 15 personas para que votaran por Pérez Rojas y que, en caso de no hacerlo o no conseguir los sufragios, había muchos bomberos voluntarios de otros municipios que querían trabajar en esta entidad socorrista de Armenia.
Sumado a lo anterior, el ente perseguidor penal develó que los funcionarios y contratistas amenazados no solo debían enviar fotos de las reuniones que hacían a favor del candidato, sino también publicar en sus estados de WhatsApp y redes sociales la publicidad de Pérez Rojas.
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Pino Sánchez no aceptó los cargos enrostrados y deberá defender su inocencia desde la libertad en el proceso judicial que enfrenta, toda vez que no hubo más audiencias.
Cabe señalar que el juez impidió las fotos de los funcionarios de la audiencia a solicitud de la fiscalía general de la Nación, FGN.
El delito
El ente perseguidor penal imputó a la mujer por el delito de constreñimiento al elector que da entre 4 a 9 años de prisión: Código Penal, artículo 390. “El que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Agrega: “En igual pena incurrirá quien por los mismos medios obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato votación en determinado sentido. En igual pena incurrirá el sufragante que acepte la promesa, el dinero, la dádiva, el contrato, o beneficio particular con los fines señalados en el inciso primero. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público. La pena se aumentará de la mitad al doble cuando en la promesa, pago o entrega de dinero, beneficios o dádivas medien
