Judicial / FEBRERO 22 DE 2021 / 1 semana antes

Ministro de Justicia ofreció apoyo para gestionar otro juez penal para el Quindío

Autor : David Salazar

Ministro de Justicia ofreció apoyo para gestionar otro juez penal para el Quindío

Por la Covid-19, el palacio de justicia continúa cerrado y sus funcionarios trabajan de forma virtual, tanto para conocer los casos como para asistir a las audiencias.

El ministro de Justicia y el Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, se comprometió públicamente a gestionar la posibilidad de que en el Quindío exista un Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia para los Grupos Delincuenciales Organizados, GDO, en el departamento.

Así lo dio a conocer en la rueda de prensa del pasado viernes durante su estadía en la región, donde manifestó la necesidad de conocer esta petición hecha por el Consejo Seccional de la Judicatura.

“Vamos a hacer la gestión para que cuenten con el juez penal que están requiriendo aquí en el departamento del Quindío. Voy a tratar de interceder, no conozco la solicitud, pero si me la pueden pasar, la podría revisar”, manifestó el alto funcionario.

La solicitud del CSJQ

El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, CSJQ, Jaime Arteaga Céspedes, expresó que en la cartera nacional está radicada la solicitud para contar con el juez especializado contra estructuras criminales.

“Esperamos la respuesta para que los 2 Circuitos Penales de Conocimiento del departamento cuenten con un juez de garantías especializado para afrontar los diferentes Grupos Delincuenciales Organizados, GDO”, manifestó el funcionario.

Además, esta solicitud no solo está encaminada para que se dé un nuevo despacho judicial, sino también, para fortalecer a los Juzgados de Ejecución de Penas y Sentencias territoriales.

“En la solicitud hecha, también dejamos clara la necesidad de más despachos de jueces de Ejecución de Penas y Sentencias para los 12 municipios, esto con el objetivo de agilizar los diferentes procesos judiciales en estas áreas del departamento”, aclaró Arteaga Céspedes.

Esta sería la única situación que, según el presidente, genera carga procesal en la denominación seccional de baja demanda de justicia, toda vez que, “a pesar de que los jueces de las jurisdicciones administrativa y ordinaria en la región atienden un gran número de procesos, tenemos una importante cifra de egresos de casos”.

En comparación con otras regionales, donde las denominaciones judiciales son media y alta demanda de justicia, como Paloquemao en Bogotá, el departamento tendría un movimiento judicial menor y por esto no permitiría la contratación de más funcionarios al aparato jurídico y el sostenimiento de baja demanda de justicia.

Una de las aclaraciones sobre el anterior punto, dado por Arteaga Céspedes, es la no necesidad de abrir un nuevo juzgado penal del Circuito de Conocimiento de Calarcá, el cual atiende los delitos de esa localidad y los otros 5 municipios de la cordillera quindiana.

“Es cierto que son 6 municipios: Salento, Calarcá, Pijao, Buenavista, Córdoba y Génova, pero la carga judicial no es la misma que se da en la parte del valle o plana, como Armenia, Circasia, Filandia, Montenegro, Quimbaya y La Tebaida”, expresó el funcionario.

Además, explicó el porqué, también, no existiría la necesidad de crear más juzgados penales municipales con funciones de control de garantías para el segundo circuito judicial del departamento, la cordillera.

“Los 2 juzgados penales municipales para Calarcá pueden afrontar los procesos que se dan en esa localidad, porque ellos no reciben la carga judicial de los otros municipios de la cordillera, toda vez que los juzgados promiscuos municipales, también tienen funciones de control de garantías, al igual que los de la zona plana, donde existen hasta 2 promiscuos por municipio, como el caso de Circasia, Montenegro, Quimbaya y La Tebaida”, indicó.

Informó así mismo, que el próximo 15 de marzo dará a conocer las cifras de atención a los ciudadanos en las diferentes jurisdicciones jurídicas del departamento y así se sabrá la carga procesal que se atendió durante el año 2020, una vigencia atípica por la pandemia de la Covid-19.

“Tenemos cifras del trabajo realizado en 2019 y, de esta vigencia, los casos con los que los funcionarios de la justicia empezaron el 2020, en total, se tuvieron 54.674 casos, de los cuales, egresaron o tuvieron un término, 39.106 y en proceso 15.568”, expresó.

Acerca de los casos sobre vencimientos de términos o preclusiones porque los juzgados no dieron abasto, manifestó que esta cifra no la tienen, además, “sería bueno consultar esta situación a la Fiscalía General de la Nación, FGN, toda vez que por la falta de actuaciones, que se pudiera haber dado con los funcionarios, habría generado esta situaciones”.

También señaló que es importante que la judicatura y el ministerio de Justicia y el Derecho piensen en la construcción de un sistema nacional de gestión de la documentación.

Arteaga Céspedes concluyó sobre la contratación del personal jurídico y por ende la baja demanda de justicia del departamento: “Tenemos una carga judicial alta, pero los juzgados no están congestionados porque están debajo del promedio de la media nacional, no están tan congestionados en comparación con los estándares del país”.

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Asonal judicial      

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, Asonal, capítulo Quindío, Germán Laureano Ujeta Diago, indicó que a causa de la pandemia del coronavirus, la carga procesal para los despachos en el departamento es otra.

“El trabajo se ha incrementado a causa de la virtualidad y hay despachos que tienen 1.000 a 2.000 casos para atender y ahora, desde las casas, las labores pasan las 8 horas, hasta 12 han llegado, y no se justifica”, expresó Ujeta Diago.

Agregó: “El ministerio debería pensar en este momento en la salud mental de cada uno de los funcionarios de la rama judicial, insisto, el aumento de la carga laboral ahora es muy alta”.
 



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