Judicial / JUNIO 20 DE 2022 / 2 semanas antes

Operativos de las autoridades buscan alejar la delincuencia de los colegios del Quindío

Autor : David Salazar

Operativos de las autoridades buscan alejar la delincuencia de los colegios del Quindío

Con el ánimo de buscar estrategias para mitigar la instrumentalización de niños por grupos delictivos, en Armenia harán operativos en las aulas.

Jaime Andrés Pérez Cotrino, secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana de Armenia, informó que se adelantarán operativos en las instituciones educativas para buscar estupefacientes y armas blancas.

Estas actividades también tienen un trasfondo y es que permitirán la actuación de la Fiscalía General de la Nación, FGN, para la identificación de los niños, niñas y adolescentes que son instrumentalizados por los grupos delincuenciales organizados de la ciudad.

“Los padres de los niños que sean sorprendidos con drogas en los entornos educativos deberán pagar multas por no estar al pendiente de sus hijos”, manifestó Pérez Cotrino.

Y es que, en las desarticulaciones de los grupos delincuenciales organizados de los últimos años en Quindío, uno de los denominadores comunes ha sido el uso de menores para la comisión de delitos por parte de los delincuentes.

Los jóvenes serían obligados, engañados y algunos, inclusive, ‘contratados’ para vender estupefacientes, traficar armas o drogas, cometer hurtos, dar aviso de la presencia de las autoridades y en los casos más extremos cometer delitos tan graves como homicidios.

El comandante de la Policía Quindío, el coronel Jorge Mauro Córdoba Valencia, ha manifestado que, en un trabajo conjunto con la Fiscalía, buscan impactar a los grupos delincuenciales del departamento y, a la vez, mitigar las nuevas modalidades de reclutamiento de los actores criminales en la región, las cuales fueron denunciadas en la Alerta Temprana 041 de la Defensoría del Pueblo Quindío.

Cuidado con las vacaciones de los niños

Falsos campamentos de vacaciones o el uso de ‘novias’, entre las nuevas formas de engaño de grupos armados para reclutar menores de edad.

La Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre las actuales dinámicas de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales y organizaciones delincuenciales.

El accionar de grupos de delincuencia trasnacionales representa un alto riesgo para los migrantes venezolanos.

“Los grupos armados ilegales están utilizando nuevos métodos para reclutar a niños, niñas y adolescentes en el país, como los falsos campamentos de vacaciones o las promesas de regalos de motocicletas o armas, además de las amenazas a padres y profesores”, explicó el defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al dar a conocer apartes del informe ‘Dinámicas actuales de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales o delincuencia organizada’.

La vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes aumentó durante la pandemia debido a la deserción escolar, con lo cual los grupos armados ilegales aprovecharon para decirles a los padres de los menores de edad que se los iban a llevar por unos días para que no se quedaran en las casas sin hacer nada, a modo de campamento de vacaciones y que después los iban a regresar.

En esta modalidad de reclutamiento se determinó que las AGC - Clan del Golfo vienen desplegando estrategias de reclutamiento hacia la población de adolescentes y jóvenes, tanto hombres como mujeres, en edades entre los 17 y 25 años; que prometen llevarlos a recibir entrenamiento en campamentos y, posteriormente, permitir que sirvan como milicianos, en las zonas donde residen.

Según el informe, los actores armados aprovecharon el cese en las labores académicas de manera presencial y las difíciles condiciones de acceso a las clases virtuales, así como las escasas opciones de aprovechamiento del tiempo.

A esto se suman las denuncias por amenazas a docentes y directivos de establecimientos educativos, lo que resulta más grave ante la presencia de grupos ilegales cerca de los colegios y otros entornos protectores.

Riesgos para los migrantes

También se describió el incremento de la presencia y accionar de grupos de delincuencia trasnacionales, entre ellos uno denominado ‘Los Venecos’, que se unen a grupos de delincuencia organizada de alcance local de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN, o para el control de la frontera colombo-venezolana entre el ELN y el grupo armado ‘Los Rastrojos’.

Estos grupos se aprovechan de los problemas socioeconómicos, agudizados por la pandemia, y engañan a los niños diciéndoles que tendrían sumas de dinero mensuales, en algunos casos de $600.000 a un $1.000.000, o que les regalarían motocicletas o armas, entre otros elementos. En otros sitios les dicen que, según sus labores, pueden ir ascendiendo en las estructuras criminales.

Según Carlos Camargo Assis, la Defensoría del Pueblo ha conocido casos en los cuales involucran sentimentalmente a las víctimas, con supuestas novias que los inducen a ingresar a los grupos ilegales.

Ellas los llevan a otros municipios con promesas de trabajo y los inducen al consumo de sustancias sicoactivas, para luego involucrarlos en las actividades de narcotráfico y la extorsión.

“En general, hay una combinación con otras conductas violatorias a los derechos como amenazas, desplazamiento forzado, desplazamientos intraurbanos, secuestro, violencia sexual, explotación sexual comercial, homicidios, desapariciones, tratos inhumanos o degradantes y restricciones a la movilidad en contra de nuestros niños”, agregó el defensor del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo también está muy atenta y hace seguimiento a la afectación grave en las comunidades indígenas, por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales, que se ven afectadas por fenómenos como el reclutamiento de menores de edad.

Con este informe se busca la implementación de la política pública de prevención del reclutamiento a nivel territorial; la puesta en funcionamiento de los Equipos de Acción Inmediata; y la activación de las rutas de prevención y protección, con capital humano y financiero suficiente.

“En función de la capacidad de las entidades territoriales, con el apoyo del gobierno nacional, la respuesta al fenómeno del reclutamiento forzado debe incluir programas sociales que faciliten el acceso al empleo, la vivienda digna, la educación, la salud y otros en los territorios. Esa es una forma de ganarle ventaja a los grupos armados que en muchos casos terminan ofreciéndoles, a los jóvenes, alternativas de vida rentables”, recalcó Carlos Camargo.

Finalmente, el Defensor del Pueblo reiteró el llamado a los grupos armados ilegales a dejar por fuera de sus acciones a los niños, niñas y adolescentes, particularmente a no volver a reclutarlos o utilizarlos para actividades ilícitas.

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