Judicial / MARZO 31 DE 2022 / 8 meses antes

Tercera suspensión de la investigación a Sebastián Congote: caso valorización

Autor : David Salazar

Tercera suspensión de la investigación a Sebastián Congote: caso valorización

Sebastián Congote Posada.

El exgerente de la Empresa de Desarrollo urbano, Edua, fue señalado de cometer peculado dentro del desfalco de la valorización en Armenia.

La juez tercera penal del circuito de conocimiento de Armenia revocó la decisión de primera instancia que negó la tercera suspensión de la investigación por peculado a Sebastián Congote Posada, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, Edua, por el desfalco a la contribución de valorización en la capital quindiana.

En enero de este año, la juez sexta penal municipal, con funciones de control de garantías de la ‘Ciudad Milagro’, determinó que no se habían cumplido los compromisos que se llegaron en el segundo principio de oportunidad al exfuncionario y que, por ende, era más que necesario impedir el ‘congelamiento parcial’ de la acción penal y que el caso debía avanzar por parte de la Fiscalía 20 seccional de la Unidad Anticorrupción en Quindío.

Para la funcionaria de la rama judicial, no hubo sustentación para demostrar los cumplimientos e incumplimientos de los acuerdos para que se llevara a cabo esta decisión y que, además, el mismo fiscal general indicó que era perentorio que el director seccional de fiscalía Quindío, Justino Hernández, vigilara las investigaciones en contra de Congote Posada ante la presunta demora de la terminación de su proceso.

También se refirió a que la fiscal 14 y el fiscal 60, de la Unidad Anticorrupción, terminaran rápido las indagaciones preliminares en contra del exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Edua, en 2 casos nuevos en el país que están dentro del marco de la corrupción del recaudo de valorización y que extendió sus tentáculos al departamento de San Andrés y Providencia.

No queda claro cuál es el sustento de la prórroga”, dijo la juez de primera instancia que también se opuso a la misma porque el fiscal general aseguró que era necesaria una ruptura procesal de los 2 casos antes mencionados en las regiones, pero que los procesos aparecían en uno solo y que por lo tanto no se había dado esa división.

Sin embargo, para la segunda instancia, el hecho de que Congote Posada no fuera citado por el ente perseguidor ante los estrados en el caso de Carlos Mario Álvarez Morales porque el proceso había pasado a manos de los fiscales itinerantes especializados no significaba una evasión a los compromisos adquiridos por las partes.

Dio razón a los apelantes —defensa y Fiscalía— sobre las diferentes manifestaciones que hicieron en la audiencia de solicitud de legalidad del principio de oportunidad que, ahora, detiene por los próximos 3 meses, la investigación al procesado.

Los recurrentes le manifestaron al juez de segunda instancia, uno adscrito al circuito de conocimiento de la capital quindiana, que el investigado estaba comprometido con la justicia, tanto es así que ya había reparado $40.000.000 que debía resarcir por su participación en el desfalco a la capital quindiana.

También, que no era culpa del procesado que el juzgado itinerante de Pereira haya pasado el caso a uno de los juzgados del circuito de esa ciudad —esto para el proceso de la valorización porque el juzgado especializado de Armenia ya conocía del litigio y se declaró impedido— y que no se dé aún la audiencia preparatoria y así llegar al juicio donde deberá declarar en contra de otros investigados por el desfalco.

La representante de la Procuraduría, en su apoyó a los apelantes, indicó que la juez se había equivocado en solicitar las pruebas para observar que los compromisos se habían cumplido toda vez que no estaban en una audiencia de juicio oral, sino de otra naturaleza y le solicitó al juez de segunda instancia decidir a favor de la prórroga del principio de oportunidad a Congote Posada, situación que se dio.

Ver también: En Manizales, buscan condenar a exconcejal de Armenia por venta de chance ilegal

 

El caso

El 1 de septiembre de 2015, Juan Manuel Salazar Toro, de la empresa Construcciones e Interventorías CINTE S.A.S denunció ante la Fiscalía actos de corrupción relacionados con un proceso de contratación en Armenia por el cobro de valorización, un ‘traje a la medida’.

Las investigaciones determinaron que Congote Posada, en su calidad de gerente de la Edua, realizó los contratos 010 del 2015 por $250.225.235 con objeto estructura técnica, administrativa, operativa, legal y financiera en fase de factibilidad interadministrativa de los proyectos: intersección vial Los Kioscos, intersección Mercedes del norte —carrera 19 con calle 19N—, intersección vial puente Constitución, avenida Centenario —rehabilitación vial— y proyecto estratégico detonante estación terminal turística, que hacen parte del plan de obras a financiar a través de la contribución de valorización.

También el contrato 013 de 2015 por $1.288.239.960 con objeto estructuración técnica, administrativa, operativa, legal y financiera en fase de factibilidad interadministrativo de los proyectos: vía Montecarlo tramo II, avenida de Occidente tramo III, vía del Yulima —carrera 19 - avenida Occidente tramo III—, vía la Colonia Centro de Convenciones - carrera 19, conexión Castellana - Coinca —tramo conexión Nogal novecientos sesenta carrera I 1 entre las calles I7N y 19 N—, avenida 19 norte, tramo II —carrera 14’ avenida Centenario— y conexión carrera 15. tramos I y 11 —Nueva Cecilia - Avenida las Palmas—.

Y el 014 de 2015 del 25 de mayo de $4.060.944.000 para la operación del proceso administrativo para la determinación de la contribución de valorización autorizada mediante acuerdo n.O020 del 23 de octubre de 2014.

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Edua, subcontrató para que terceros ejecutaran los contratos interadministrativos enunciados. Esto en razón a que la entidad no contaba con la capacidad administrativa, logística ni tenía el personal calificado para desarrollar los contratos de forma directa, convirtiéndose así en la empresa intermediaria entre la administración municipal y terceros. 



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