Región / DICIEMBRE 20 DE 2019 / 1 año antes

60 obreros podrían quedar sin empleo por toma a la universidad del Quindío

Autor : Lily Dayana Restrepo

60 obreros podrían quedar sin empleo por toma a la universidad del Quindío

Procesos disciplinarios, en etapa reservada

Manuel Jaramillo, uno de los líderes de la movilización, explicó que las acciones seguirán hasta que se entregue el avance de las investigaciones. 

 

Integrantes de la movilización estudiantil decidieron este jueves impedir la entrada de 60 obreros y varios empleados de la universidad del Quindío a esta institución. Según Manuel Jaramillo, uno de los líderes de la protesta, tomaron esta decisión como represión al incumplimiento del ministerio público ante lo pactado el pasado martes. 


“Nos perjudicaron”                                 

Carlos Gaspar, obrero del consorcio de remodelación de escenarios deportivos, manifestó que desde las 7:00 a. m. llegaron a las instalaciones y no los dejaron ingresar. “Nos perjudicaron porque el consorcio termina el contrato con nosotros que es de obra o labor”.  Aclaró que aunque el pago está conciliado, la obra va en un 29% y está presupuestada hasta mayo de 2020. “Somos aproximadamente 60 personas. Ya sacamos las herramientas”, puntualizó. 

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Gloria Elena Granada, supervisora de contratos de regalías de la universidad para escenarios deportivos y movilidad, confirmó la noticia y explicó las implicaciones. “Los estudiantes en varias oportunidades han suspendido las labores de la obra, como un mecanismo de presión, pero en esta oportunidad fue completa”.

Agregó que si no se pueden ejecutar los trabajos se vería en la posibilidad de suspender el contrato y si eso pasa, 60 personas se quedarán sin trabajo inicialmente y esto representaría atrasos del proyecto. 


Hasta que respondan

Manuel Jaramillo indicó que hasta que no les respondan cómo van las investigaciones continuarán con el bloqueo. 

Señaló que en el marco de la protesta, hacen un llamado al ministerio público para que se pronuncie y haga cumplir el acuerdo al que llegaron, donde solicitaron un pronunciamiento para conocer el avance en los procesos por actos de corrupción al interior de la UQ.

Dentro de dichos casos mencionó que uno es donde el señor Francisco Javier Valencia Salazar habló sobre un presunto vínculo de pago de coimas a funcionarios de la universidad para respaldar carreras políticas de ciertos personajes de la región. Otro de los procesos es el pliego de cargos al rector y siete funcionarios por un tema de contratación con una empresa de vigilancia. 

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Destacó que le parece una falta a la palabra que el ministerio público se sentara a dialogar y concertaran una rueda de prensa para hablar del tema y “lo que hacen es mandar a la Policía”.

Puntualizó que lo importante son los hechos de corrupción que involucran a la universidad con dineros de valorización. Sobre la afectación a personas inocentes, manifestó que la universidad y este tipo de asuntos son de todos. 


Procesos no negociables

El procurador regional, Édison Mosquera Agualimpia, respondió a los señalamientos de Jaramillo e informó que los procesos disciplinarios, de acuerdo con los principios constitucionales, guardan reserva hasta que se cumplan ciertas etapas

“Los procesos disciplinarios y las sanciones que de ellos se derivan no están sujetos a negociaciones de protesta ni mucho menos. Esa información se la trasmití a los estudiantes en la reunión en la que estuvimos presentes. La Procuraduría irresponsablemente no puede supeditar este tipo de situaciones de levantamiento de protestas o marchas con el compromiso de sancionar a determinada persona”, aseveró el procurador.

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Por su parte, el rector de la universidad, José Fernando Echeverry Murillo, se refirió a la situación. “En suma, se configuraron todo tipo de hechos vandálicos y comportamientos inadecuados al interior de la universidad, bloqueando de esta manera el ingreso a la misma y ocasionando pérdidas que, como es obvio, afectan nuestro presupuesto”.


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