Algunos apuntes

Un lento proceso resiliente, de adaptación, que nos debe llevar a reiterar y tener claro que estamos en un territorio que nos encanta, pero que, a la vez, por encontrarse en una zona de alta sismicidad, tiene un costoso riesgo por la gran posibilidad de catástrofes de alto impacto, arriesgando no solo graves daños materiales, sino nuestras propias vidas, en lo individual y en lo colectivo. Con esto, la salida más inteligente es, seguimos diciéndolo, ordenar de verdad nuestro territorio. No debemos seguir empeñados en desconocer su realidad ecológica y ambiental, su historia y realidad social, conjuntamente con su historia geológica. No ha sido el primero ni será el último terremoto que se viva en la región.

Un mes y una semana, con denuncias diarias de la lentitud con que obran las instituciones y de posibles irregularidades, no solo por el manejo de las esperadas “ayudas”, que se podrían estar desviando o distribuyendo inequitativamente, sino por los impactos de este gran desastre que, según muchos, tanto profesionales como ciudadanos en general, sería por la avaricia de los responsables de la construcción de buena parte de las edificaciones colapsadas o muy afectadas, algunas de ellas construidas después de 1999. Además, el publicitado “fondo milagro”, al parecer, no se sabe con certeza cuándo se hará realidad y qué tan milagroso será. Mucha palabrería y poca acción efectiva.

El editorial de La Crónica del Quindío (14.09.26) nos afirma que el “Registro Único de Damnificados contabiliza 80.524 personas afectadas y 39.857 familias en los doce municipios, 1.640 viviendas destruidas, 8.836 inhabitables y 7.491 averiadas. Con un tope de $5 millones por beneficiario, la bolsa de iNNpulsa alcanza para doscientos micronegocios en todo el departamento; el auxilio de Fonur cubre dos municipios de doce; los 369 mejoramientos equivalen a poco más del cuatro por ciento de las viviendas inhabitables. Quimbaya, por sí sola, reporta 578 casas destruidas, cerca de 3.000 averiadas, 16 instituciones educativas, un centro de salud y 27 vías con daños”.

Observaciones y estudios de profesionales conocedores del asunto hablan de reparaciones que van de cincuenta a setenta millones ($50 a $70 millones) y más cuando se revisen a fondo cada apartamento o casa. Así que esto va para largo y quedará incompleto, y eso esperando que sean transparentes.

La aplicación del programa del Gobierno nacional actual va mostrando, con medida tras medida, que lo que buscan es el saqueo de nuestro país y no el bienestar de sus gentes, de sus mayorías, del pueblo en general. Es la regresión en los derechos ciudadanos, no solo para agrandar las ganancias en los ya abultados bolsillos de los más ricos, sino por igual para poder ejercer mayor control sobre quienes habitemos el territorio colombiano. Ya lo han anunciado desde la campaña electoral: no a las manifestaciones contra el mal gobierno y no a las marchas exigiendo derechos o denunciando irregularidades del establecimiento.