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Vergüenza de justicia

Luis Janil Avendaño Hernández

lunes, 12 octubre 2026

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Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal no compromete la linea editorial ni periodistica de la CRONICA S.A.S

Quienes asumimos trasegar por el estudio de la normatividad, su aplicación y su interpretación, quedamos sorprendidos muchas veces por los comentarios ciudadanos sobre la aplicación de la ley, el ejercicio del poder jurisdiccional y la axiología de los que operan y ejercen el derecho en el país.

Pero existen hechos tozudos que permiten que el ciudadano de a pie, a veces, dude de la eficacia de la ley, y en concreto de los incisos de orden penal. En el entendido que el principio reza que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, que el debido proceso debe cumplirse para defender los derechos de las personas investigadas, debemos comentar negativamente lo que ocurre alrededor del vencimiento de términos.

Es de común ocurrencia oír que zutano mengano quedó libre por vencimiento de términos, y a renglón seguido, o días seguidos, se informa que el citado huye y no se encuentra para seguir con su proceso penal. Si bien la internación es para asegurar la comparecencia y la no interferencia con la investigación, entre otras razones, en crímenes de relevancia se exige mayor cautela y exigencia frente a los sindicados.

Bolivar estableció a pena de muerte para el funcionario público que cometiera peculado o malversara fondos estatales. La razón de tan grave sanción se atribuía a la confianza pública y que los recaudos eran de todos para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. En el código penal de 1837 se usaba el término de malversación o sustracción de caudales, e iba más allá, cuando no era intencional sino por “negligencia o descuido dieren lugar a que se extravíen o pierdan algunos caudales o efectos de la hacienda nacional, serán privados de sus empleos y pagarán los caudales o efectos perdidos o extraviados”.

Eso para acompañar hoy a los delitos enmarcados dentro de la corrupción en el país, y las investigaciones por manejos en maletines de efectivos que al parecer salieron del erario público. Anuncian los medios de comunicación la decisión de una autoridad judicial de permitir la libertad, o mejor salir de la muralidad, a personas sindicadas de hechos que van desde la receptación de dineros, hasta de vulneraciones al trámite de leyes.

Ha sido profusa la prensa en publicar pruebas y testimonios que indican una posible responsabilidad de actores de la vida nacional, nada más y nada menos que los expresidentes de senado y cámara de representantes. Más cuando los delitos imputados tienen que ver con el esquema de corrupción de la unidad nacional de gestión de riesgo de desastre (UNGRD), hechos que la opinión tiene convencimiento de su ocurrencia. Pero más, aún cuando se afirma fueron acusados formalmente el 27 de agosto de 2025, aún no se ha llevado a cabo la audiencia correspondiente al juicio. Por ello les dieron la libertad por vencimiento de términos.

A la luz de todos los colombianos, es vergonzoso que, por errores, demoras de los operadores de justicia en el país, el sentimiento de todos es de burla de las normas por los que ostentan posiciones o privilegios en la nación. Vergonzoso mensaje para todos los que ven que, por delitos menores, no se permite la libertad a los sindicados o mejor, para ellos la ley no tiene vencimientos y si se cumple con los términos.


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