Apolo no es una cosa

Quince meses de prisión, una multa cercana a los $19,7 millones y 27 meses de inhabilidad para ejercer profesiones, oficios o actividades relacionados con animales: así castigó el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Quimbaya a un hombre que cometió actos sexuales contra Apolo, un pitbull de unos tres años, en zona rural de ese municipio.

El hecho repugna, duele, no admite atenuantes morales y avergüenza a todo el Quindío, un departamento que se precia de su vocación campesina y de su convivencia cotidiana con los animales. Apolo carecía de voz para denunciar y de fuerza para defenderse; su suerte dependió de ciudadanos que no callaron. La denuncia oportuna permitió a la Fiscalía recaudar pruebas y llevar el caso ante un juez. El agresor aceptó los cargos y obtuvo así una rebaja en la pena, beneficio que la ley concede y que no borra la gravedad de la conducta.

La Ley 1774 de 2016 reconoció a los animales como seres sintientes y dejó de tratarlos como cosas. En abril de 2025, la Ley 2455, conocida como Ley Ángel, endureció las penas contra la crueldad y el abuso sexual hacia ellos, además de actualizar el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, expedido en 1989. El fallo de Quimbaya prueba que esas normas producen efectos concretos cuando la comunidad denuncia y las instituciones actúan.

Ninguna ley basta si la crueldad encuentra silencio o complicidad. Los abusos contra animales ocurren a menudo lejos de cualquier mirada y quedan impunes cuando quienes los presencian prefieren no intervenir. Cada caso no denunciado prolonga el sufrimiento de un animal y alienta al agresor. Quien descarga su perversión sobre un ser indefenso revela un desprecio por la vida que ninguna comunidad puede tolerar. Respetar a los animales constituye una obligación legal y, antes que eso, un deber de humanidad.

Las alcaldías quindianas pueden (deben) fortalecer las rutas de atención y establecer los fondos de protección y bienestar animal que prevé la Ley Ángel; los colegios, formar en el respeto por los animales desde la infancia; los inspectores de policía, atender cada queja con la prontitud que exige la norma. A la ciudadanía le corresponde observar, denunciar y acompañar. Apolo está hoy a salvo gracias a una comunidad que actuó a tiempo. Que su historia sirva para que ningún otro animal del departamento dependa de la suerte para recibir esa misma protección.