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En el piso

sábado, 23 mayo 2026

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La pena de privación de la libertad, en la práctica, rara vez cumple su función constitucional de preparar el regreso a la vida social.

De acuerdo con informe dado a conocer el pasado jueves, treinta y tres mil quinientas sesenta y siete personas. Ese es el número de reclusos que la Defensoría del Pueblo encontró en los veinte establecimientos que inspeccionó durante el segundo semestre de 2025. Casi un tercio de toda la población carcelaria del país, concentrada en apenas el 16 % de las cárceles en funcionamiento.

Detrás de esto hay hacinamiento sin resolver, camas que no alcanzan para todos, sanitarios que deben compartir 125 personas cuando la norma permite 25, medicamentos que no llegan con regularidad a La Modelo ni a El Buen Pastor, y centros de detención transitoria —pensados para estancias de menos de 36 horas— donde el 15 % de los detenidos acumula más de un año. El estado de cosas inconstitucional que la Corte Constitucional declaró hace décadas es el presente de miles de colombianos.

La Defensoría también visitó esos centros transitorios, 55 en total, y encontró instalaciones sin duchas, sin separación entre hombres y mujeres, sin personal médico permanente. En el 98 % de ellos, los implementos de aseo los aportan las familias de los detenidos. El Estado delega en los seres queridos lo que la Constitución le asigna a él.

Dentro de los establecimientos de reclusión, el panorama de la resocialización es igualmente precario.

Solo el 34.8 % de la población privada de la libertad participa en actividades laborales; el 25.4 %, en actividades de estudio. Y de quienes trabajan, el 70.2 % no recibe remuneración. La pena, en la práctica, rara vez cumple su función constitucional de preparar el regreso a la vida social. Con frecuencia, solo la interrumpe.

Frente a ese cuadro, la Defensoría formuló varias recomendaciones: modernizar los sistemas de información carcelaria, hoy sustentados en registros manuales que impiden conocer con precisión la densidad de cada centro; reformar el Sistema General de Participaciones para que los municipios dispongan de recursos específicos destinados a la población sindicada bajo su custodia; y activar con urgencia los planes de contingencia para el momento en que la Uspec cese su intervención en los centros de detención transitoria, una transición proyectada para este año que aún no tiene respaldo operativo claro.

Ninguna de esas medidas exige rediseñar el Estado desde cero. Exigen decisión presupuestal,  coordinación institucional y la convicción de que las personas privadas de la libertad siguen siendo titulares de derechos. Esa convicción no debería ser opcional en un Estado de derecho: debería ser su punto de partida. Ya Colombia conoce el diagnóstico con una precisión, lo que resta es actuar con la misma precisión con que se documentan las fallas.


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