Editorial / AGOSTO 09 DE 2022

Ju$ticia

Cualquiera, antes de consumir licor, sabe que si conduce un vehículo en estado de embriaguez se convierte en un potencial homicida. 

Ju$ticia

En septiembre del año pasado, en la vía Gaira - Santa Marta, Enrique Vives Caballero, reconocido empresario de la región, arrolló con la camioneta que conducía, borracho y a una velocidad superior a la permitida, a un grupo de jóvenes. Seis de los atropellados murieron y otro quedó gravemente herido. El violento hecho conmocionó al país, los familiares de los fallecidos y heridos reclamaron justicia, de nuevo se revivió el ya viejo debate sobre las penas para quienes ebrios manejen un automotor. Ese fue el inicio de un proceso que no duró mucho, porque hubo negociación y plata para “indemnizar”, y del que se acaba de conocer el fallo del juez a cargo. 

El togado que dictó sentencia sobre el siniestro vial, encontró al conductor alcoholizado responsable de los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones personales culposas y lo obligó a pagar una multa cercana a los $36 millones. Vives Caballero negoció el múltiple asesinato con la justicia, reconoció su participación en los hechos e indemnizó económica y simbólicamente a las víctimas, fruto de ello, el juez del caso lo condenó a quedarse en la casa durante siete años y ocho meses y a no poder ejercer funciones públicas mientras dure su condena. 

De nuevo la justicia, en este caso, termina negociando con el criminal, le pone precio a la muerte de seis personas y al dolor de los familiares de quienes fueron sorprendidos por un borracho al volante. Si que urge una reforma a la justicia, lástima que esa no sea una de las cinco reformas que tiene priorizadas en su agenda el recién posesionado presidente de Colombia.

Sigue siendo el código penal colombiano complaciente con quien delinque, la de Colombia es una justicia garantista con el criminal, benevolente con el infractor, máxime si este tiene chequera y patrimonio abultado. Razón tenía el Indio Rómulo cuando declamaba con dolor: la justicia, mijo, pa’ los de ruana. 

No debe haber ningún tipo de negociación con los borrachos motorizados, ya bastante tiempo y ríos de dinero se ha gastado el Estado en campañas publicitarias y pedagógicas explicando por qué es peligroso mezclar licor con gasolina, ya el tiempo de la prevención cumplió su ciclo, hay que seguir educando, pero al mismo tiempo castigando con severidad a quienes no quisieron entender.

Quien mató a seis personas ahora descansa cómodamente en su casa, rodeado del afecto y consideración de sus familiares y amigos, manejando sus negocios y llevando una vida casi normal, pero los seres queridos de quienes murieron aquel 13 de septiembre nunca encontrarán consuelo. 

Cada año las cifras de siniestros viales en Colombia, con víctimas mortales como saldo, aumentan. Abundan los conductores irresponsables, que chatean mientras manejan y conducen borrachos, poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino las de los demás.

No hay campaña pedagógica que valga, solo endurecer las penas para los infractores podría ayudar a remediar este mal. Lástima, “ejemplares condenas” como la impuesta al ebrio conductor samario, solo consiguen aumentar el luto porque aúpan al infractor. Urge una reforma.


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