Editorial / AGOSTO 05 DE 2022

La Misericordia salió de UCI

En las horas más aciagas, la Superintendencia Nacional de Salud aterrizó en el hospital de Calarcá y lo salvó de un cierre definitivo. 
 

La Misericordia salió de UCI

Luego de diez meses de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, en cabeza del agente interventor Freddy Orlando Rojas Arias, el hospital La Misericordia de Calarcá salió de cuidados intensivos. El gobernador del Quindío acertó al destapar la olla podrida en la que se había convertido el hospital calarqueño y al tocar las puertas de la Supersalud porque el hospital ya tenía un pie en la morgue. La Misericordia no estaba mal por la cartera incobrable de algunas EPS a la postre liquidadas, eso les hizo un roto a las finanzas, como a todas las IPS, pero, la politiquería era lo que tenía a este centro clínico, como a muchos del país, sumido en el atraso, lo estaban saqueando. 

Cual feroces anacondas, cuenta cada departamento con politiqueros que se aferran a los hospitales hasta asfixiarlos económicamente, so pena de privar de un derecho fundamental a la población. Hoy La Misericordia está al día con el pago de salarios, bajó pasivos de $8.500 millones a $5.000 millones, podría próximamente prestar servicios de mediana complejidad, ha logrado subsanar el 60 % de los 54 hallazgos que le dejó en firme la Supersalud y prontamente habilitará una unidad de atención y urgencias siquiátricas, en alianza con el hospital Mental de Filandia, para menores de edad en la sede Barcelona. 

El problema de La Misericordia no era la ley 100, lo más grave no era la morosidad de las EPS, lo verdaderamente mortal era el pésimo manejo administrativo que tenía. Mientras los hospitales sigan siendo repartidos a los políticos, para que se beneficien económicamente de ello, serán inviables y no habrá inyección económica alguna que los saquen de ruina. Ningún hospital público saldrá adelante con una junta directiva conformada por mercaderes de la política y con gerentes que tengan jefes políticos. Lo dijo muy claramente el superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal Ángel, en Colombia hay hospitales con dueño y el departamento del Quindío, todo parece indicar, no es la excepción. 

Las cifras entregadas por el saliente superintendente nacional de Salud demuestran que, efectivamente, las mafias se apoderaron de buena parte del sistema de salud, con la complacencia de gobiernos pusilánimes y/o corruptos. De las 46 EPS que había habilitadas para prestar servicios en Colombia, al comienzo de este mandato presidencial, solo 16 funcionan bien, 15 ya fueron liquidadas y el resto están ahí, haciendo más o menos la tarea; un déficit de solvencia de patrimonio de $8.5 billones y 400 hospitales en riesgo financiero. Cómo diría el padre Francisco de Roux, al presentar el informe de la Comisión de la Verdad, habría que preguntarle al Estado: cómo se atrevieron a dejar que pasara y cómo va a hacer el entrante gobierno para no permitir que continúe pasando. 

Queda una tarea por hacer, que ya la había planteado el gobernador del Quindío y la ratificó en su reciente visita al Quindío el superintendente Aristizábal Ángel: hay que buscar fusionar, administrativamente, algunos hospitales pequeños, por ejemplo, los de Pijao, Córdoba y Buenavista, para bajar costos, tener flujo de caja, ahorrar en planes de compras compartidos y evitar que se cierren como todo indica le puede pasar al San Camilo de Buenavista y al Santa Ana de Pijao.

Ojalá los alcaldes de estas municipalidades actúen de forma responsable, oportuna y estratégica, sin pensar en el costo político de esa decisión y sí en el derecho a la salud de sus gobernados.

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