Editorial / OCTUBRE 13 DE 2021

Morir dignamente

A la señora Martha Sepúlveda le están violando un derecho fundamental. Ella y su familia tomaron una decisión, apoyados en un concepto médico, que debería ser más importante que una duda jurídica. 

Morir dignamente

Dos debates, tan complejos como urgentes, están pendientes en Colombia. Urge abrir una gran conversación, en la que participen todas las voces y que luego de ello se legisle, sobre el aborto y la eutanasia. No puede el país seguir llenando los vacíos jurídicos sobre tan trascendentales decisiones, atrincherado en una defensa o un ataque meramente ético, religioso o moral, o con encuestas mediáticas, ni reducir el derecho a vivir o a morir a mera propaganda.  

Lo recientemente ocurrido con la señora Martha Sepúlveda terminó, de rebote, desempolvado la discusión sobre el aborto en Colombia, pero, entre el derecho a nacer y el derecho a morir hay notables diferencias que habría que abordarlas por separado. Garantizar la vida de quien no ha visto la luz del mundo por primera vez, pareciera marcar el norte de una discusión que sigue abierta, que prevalezca el derecho a vivir de quien no puede por sí mismo tomar esa decisión es un buen anclaje, siempre y cuando no le sea diagnosticada una grave enfermedad o que esté en riesgo la vida de quien no ha nacido ni la de su progenitora. 

La otra conversación: morir cuando ya el cuerpo no quiere y la mente reclama descansar para siempre, no puede ponerse en la misma balanza del derecho a nacer ni soportar consideraciones siquiera similares. Morir, cuando se tiene plena conciencia de la decisión, cuando resulta insoportable y perenne el dolor en el cuerpo, así no se trate de una enfermedad terminal, debería ser un derecho inalienable. Morir, cuando quien ya ha vivido está libre de cualquier presión exógena y en pleno uso de sus facultades mentales y así lo decide, porque siente y médicamente esté comprobado que el dolor aplazará para siempre su calidad de vida, debería ser un derecho. 

En el caso de Martha Sepúlveda, primera persona a la que en Colombia se le había autorizado la eutanasia, sin ser clasificada como paciente de alguna enfermedad terminal, se está obligando a una persona a vivir en contra de su voluntad, alejada de lo que ella considera es una vida digna y vivible y obligándola a días de sufrimiento, sin sueños ni metas por cumplir. Conmueven, y mucho, las palabras de su hijo cuando afirma que llegará hasta las últimas consecuencias para lograr la muerte digna de su madre. 

Cabe entonces preguntarse si fue presión o razón lo que obró en el caso de la señora Sepúlveda, para que a pocas horas de practicársele el procedimiento el pasado domingo, el Instituto Colombiano del Dolor hubiera desistido de hacerlo. En manos de quién, sino de quien es el dueño y está consciente de sus actos y pensamientos, está la vida. Preocupan estos bandazos sobre la vida de una persona adulta, respaldada por su familia, porque la vida es sagrada y no puede volverse, como pasó en el caso de la colombiana, un dilema ético.  

Vulnerar el derecho de Martha Sepúlveda es vulnerar el derecho de muchos colombianos quienes, de forma libre, madura, racional y autónoma, porque experimentan un sufrimiento físico imposible de paliar, deciden que su ciclo vital ya terminó. No puede ser que lo que acaba de suceder con la dama colombiana se resuma solo en un titular de prensa, está en juego lo más sagrado que tiene una persona: su dignidad.


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