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Ochenta mil razones

viernes, 24 julio 2026

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“Negociar sin controlar el territorio equivale a conceder tiempo. Ese tiempo lo pagan las familias que huyen de noche”.

Más de 80.000 personas salieron a la fuerza de sus casas o quedaron encerradas en ellas durante el primer semestre de 2026. El dato lo entregó ayer jueves la Defensoría del Pueblo: 83 episodios de desplazamiento masivo, con 15.960 víctimas, y 44 confinamientos que restringieron la movilidad de otras 64.787, sobre todo en Norte de Santander, Cauca y Nariño. Detrás de esa aritmética hay veredas vacías, escuelas cerradas y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que cargan con el peso desproporcionado de una guerra que buena parte del país daba por clausurada.

La violencia cambió de forma y la respuesta institucional no. A las amenazas y los combates se suman ahora los ataques con drones, un salto tecnológico que las estructuras armadas incorporaron con velocidad y que el Estado todavía enfrenta con protocolos diseñados para otra época. La Defensoría lo dice: la crisis humanitaria se profundiza en los territorios más golpeados.

Allí aparece el reproche al Gobierno Nacional. La paz total prometió desactivar la confrontación mediante el diálogo simultáneo con casi todos los actores armados, y el resultado visible en las tres regiones señaladas apunta en dirección contraria: más grupos con capacidad de mandar sobre la población civil y menos comunidades protegidas. Negociar sin controlar el territorio equivale a conceder tiempo. Ese tiempo lo pagan las familias que huyen de noche.

La dimensión del problema desborda el semestre. En mayo, el Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados ubicó a Colombia como el segundo país del mundo con más desplazados internos por conflicto, con 7,2 millones al cierre de 2025, solo detrás de Sudán. Un país que negocia la paz desde hace una década no debería competir en esa tabla, es lamentable.

El informe agrega otra alerta. De los 51.938 migrantes registrados en tránsito irregular, 10.936 eran niñas, niños y adolescentes: uno de cada cinco. El flujo cayó un 38,2 % frente al mismo periodo de 2025, aunque esa reducción no responde a una gestión propia sino al endurecimiento de las políticas migratorias en el norte del continente. La cifra bajó por decisiones ajenas, no por capacidad instalada.

El Quindío conoce el desenlace de estas rutas: recibe familias que llegan sin nada y las integra con recursos municipales siempre escasos. Por eso conviene exigir lo concreto. Que el sistema de alertas tempranas de la Defensoría produzca reacción estatal medible y no archivos. Que la fuerza pública recupere el control de los corredores señalados. Que las gobernaciones receptoras cuenten con presupuesto nacional para atender la llegada. Y que la niñez migrante entre en una ruta de protección con nombre, responsable y plazo. La crisis requiere decisión, ojalá el próximo gobierno lo entienda pronto.


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